Los problemas que enfrenta Luz y Fuerza para garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico en la zona metropolitana se conocen desde hace varios años. El crecimiento de la vivienda ha generado una fuerte demanda de suministro de energía eléctrica; la ausencia de una debida planeación urbana y la proliferación de asentamientos irregulares complican el problema. Sin embargo, las ciudades ubicadas en zonas del país atendidas por la Comisión Federal de Electricidad han logrado escapar mayormente de la crisis. No así las ciudades ubicadas en el área de servicio de Luz y Fuerza.
Parte del problema es que la energía eléctrica distribuida y comercializada por Luz y Fuerza proviene de plantas generadoras que se ubican a distancias de entre 200 y 500 kilómetros de distancia. A lo anterior, se suma un problema crónico de robo de energía, reflejado en una red eléctrica metropolitana de la que múltiples usuarios irregulares cuelgan sus “diablitos”. Una tercera parte de la energía eléctrica que distribuye Luz y Fuerza se “pierde”, gran parte como resultado de robo y defraudación.
Ambos problemas son sobradamente conocidos tanto por la administración como por el aguerrido Sindicato Mexicano de Electricistas, pero no han tenido la capacidad de resolverlos; ni siquiera de lograr que los problemas dejen de crecer.
Desde hace varios años Luz y Fuerza comenzó a trabajar para resolver el problema de la falta de generación cercana Consiguió recursos presupuestales para su proyecto de “generación distribuida” conforme al cual adquiriría e instalaría varias plantas generadoras en espacios correspondientes a subestaciones del estado de México y el Distrito Federal. Sin embargo, las trabas para el proyecto no se hicieron esperar. Las deficiencias en la licitación retrasaron el proyecto, además de que todavía hoy día (en 2008), Luz y Fuerza busca autorizaciones por parte de las autoridades del Distrito Federal y predios para instalar su generación distribuida.
La administración de la empresa reconoció también desde hace años que el problema no podía ser solucionado sin la ayuda de los trabajadores En diciembre de 2001 se firmó un convenio para reducir las pérdidas de energía entre la empresa y el sindicato, que incluía una campaña publicitaria en contra de los “diablitos” y el reemplazo de medidores. Desde 2006, la Cámara de Diputados ha obligado a Luz y Fuerza a presentar y cumplir los objetivos de un programa para reducir en 20 por ciento su nivel de pérdidas no técnicas de energía Las pérdidas han aumentado de 22 a 33 por ciento entre el 2000 y el 2007, y en los primeros meses del año no parece haber avances sustantivos.
Luz y Fuerza opera oficialmente en “un estado de alerta permanente”, implementando una serie de controles “discretos” (y otros no tan discretos) con los que busca preservar la seguridad operativa del sistema eléctrico de la Ciudad de México. Varios de los apagones menores y las caídas en la potencia de la electricidad que recibimos en nuestros hogares y lugares de trabajo son la forma en que Luz y Fuerza trata de “administrar” la crisis y evitar la llegada de problemas mayores. Sin embargo, la crisis sigue ahí. A los apagones que vimos en enero seguramente seguirán otros.
La experiencia reciente muestra que aumentar el presupuesto y la supervisión política no basta para resolver los problemas que el organismo enfrenta. Estos van más allá del dinero y tienen que ver con su capacidad para ejecutar proyectos. En el futuro inmediato la empresa y su sindicato tendrán que comenzar a hacerse preguntas más duras sobre aquellos factores internos que les están impidiendo atender responsablemente su misión de servicio público, tales como el alto nivel de comisionados sindicales y las duras barreras de su contrato colectivo a la subcontratación y a la movilidad de sus trabajadores.
Incluso si Luz y Fuerza sobrevive y logra recuperar vitalidad en el mediano plazo, más temprano que tarde va a tener que pedir ayuda técnica y operativa de terceros para resolver los problemas eléctricos que afectarán a la zona centro del país. La ayuda provendrá de trabajadores y cuadros gerenciales de otras empresas públicas y privadas, que no estarán sujetos a las camisas de fuerza que agobian actualmente al organismo. Aceptar esa ayuda también requerirá un cambio de actitud. Por ahí tienen que comenzar.
Un diagnóstico autocrítico no va a evitar los apagones que vienen. Pero cambiar de actitud sí puede llamar la atención de la sociedad sobre la conciencia de los administradores y del sindicato de la empresa de que están dispuestos a reconocer alguna falta y a poner algo de su parte. Ese gesto de corresponsabilidad es lo único que puede evitar que las crisis recurrentes desemboquen en soluciones más radicales, que acaben traduciéndose en la liquidación de nuestra más vieja empresa pública y en la terminación de nuestro más antiguo contrato colectivo de trabajo.
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