Planteamiento del problema
En junio de 2008 se aprobó la reforma constitucional en materia penal más extensa de la historia. Su principal objetivo fue transitar de un sistema penal inquisitivo hacia uno de corte acusatorio-adversarial. En 2016 todo el país deberá operar bajo este nuevo esquema. Las ventajas en términos de eficiencia, transparencia, apego al debido proceso, respeto a los derechos humanos de víctimas y procesados y, en general, calidad de la justicia, beneficiarán a ciudadanos y autoridades por igual. Sin embargo, la implementación de la reforma ha quedado relegada y, al día de hoy, sólo dos entidades (Chihuahua y Oaxaca) han logrado transformar y operar, por completo, su sistema penal. En el ámbito federal, los avances son poco menos que incipientes. Lo que resulta claro es que la reforma necesita un líder. En ese sentido, ¿cuál debe ser el rol del Ejecutivo Federal en la implementación de la reforma penal? ¿Cuenta con las potestades e instrumentos necesarios para liderar esta reforma crucial para México?
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
