Las fisuras políticas que experimenta el país se hacen particularmente patentes en el ámbito de la economía. Más que tender hacia un consenso, fuerzas centrífugas dominan el debate político y producen un clima de confrontación creciente que puede tener graves consecuencias sobre la economía. El gobierno y su partido amenazan al electorado. En adición a ello, las propuestas de virtual ruptura institucional, disfrazadas de alianzas opositoras, contribuyen a crear un clima de deterioro del que nadie, excepto las fuerzas más reaccionarias, podría salir beneficiado. Es imperativo reconocer la fragilidad del momento en que nos encontramos
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El clima de tensión parece alimentarse de dos fuentes. Por una parte está la creciente intolerancia que predomina en el ámbito político. El gobierno fustiga a los críticos y a toda disidencia, de cualquier color, como si viviéramos en la etapa stalinista de la era priísta. En lugar de propiciar un clima de confianza y serenidad que permita un desarrollo normal de la sociedad mexicana, el propio gobierno es el primero en enrarecer el ambiente público. Pero también está la propuesta de Alianza para la República, disfrazada de búsqueda de unidad y transición política, que destila un veneno de intolerancia preocupante, sobre todo por su naturaleza excluyente. En lugar de construir, dos de las fuentes con mayor potencial de transformación en el país se están abocando a propiciar -en lugar de evitar- un enfrentamiento.
La tensión es palpable en el debate sobre la economía. Muchos de los enfrentamientos que han tenido lugar en el tenso ambiente político se refieren a la disputa que existe en torno al corazón, a la esencia de la política económica. Quienes la apoyan y quienes la reprueban responden a circunstancias distintas. Si bien sobreviven algunos empresarios y muchos políticos que todavía suspiran por un mundo fácil, libre de importaciones y generoso en subsidios, la mayoría de los partidos políticos ya reconoce que la globalización de la economía es un hecho que no puede ser ignorado y, más importante, que no va a desaparecer porque uno cierre los ojos.
Aunque exista reconocimiento del problema, no hay consenso sobre cómo enfrentarlo. Típicamente, quienes apoyan la política económica, aun cuando desprueban la gestión gubernamental, ven en la globalización una oportunidad para el desarrollo del país, por lo que promueven una rápida inserción en su dinámica a través de exportaciones, importaciones, inversión extranjera, etcétera. Por ello demandan esfuerzos mucho más intensos por desregular y privatizar y, en esa medida, elevar la eficiencia, e insisten en la absoluta transparencia del actuar gubernamental y de las reglas del juego. Su prioridad es el largo plazo, a lo cual proponen subordinar los costos inmediatos del cambio. Para este grupo las oportunidades no esperan, por lo que cada día que se retrasan las afores y/o se cancela una privatización por cualquier razón, se da un paso atrás en la posibilidad de lograr un desarrollo económico sano que produzca empleos e ingresos para todos los mexicanos.
Por su parte, quienes reprueban la política económica no necesariamente rechazan la globalización, pero la ven más como una amenaza. Reconocen que el mundo del pasado ya no es posible, pero eso no les impide intentar preservar algunos de los beneficios, privilegios y trofeos que en esa época se cosecharon. Proponen una mayor equidad en el desarrollo económico y convocan a un nuevo pacto social que redistribuya los beneficios, evite los extremos de pobreza y riqueza y garantice un mínimo de bienestar. Su prioridad se encuentra en el corto plazo, a través de cambios graduales que garanticen la viabilidad socio política del proceso. Para este grupo el gobierno debe mantener sus instrumentos de acción política y social, y emplearlos para proteger a los que menos tienen y asegurar que los beneficios se distribuyan más rápidamente.
Hasta hace unos años la mayoría de los mexicanos parecía aceptar que la única manera de avanzar era a través de un curso más o menos intermedio entre estas dos posturas, donde se perseguían los objetivos de transformación económica, mientras que se asistía a los más desprotegidos. La participación que se dió en las elecciones de 1994 confirmaba que los mexicanos no sólo habían aceptado el rumbo adoptado como el único razonable y realista, sino que además reconocían la enorme y peligrosa fragilidad institucional del país.
La crisis económica dió al traste con ese virtual consenso y, desde entonces, no ha habido ni siquiera la intención de volverlo a forjar. Es por eso que la confrontación de posturas y los regaños presidenciales son tan preocupantes. No sólo no existe consenso, sino que el clima político es de creciente confrontación. La intolerancia se ha convertido en la norma en lugar de ser la excepción. Peor, en lugar de ver a la población como la razón de ser del país y el objetivo último de la política económica, los actores políticos se mueven como si lo único importante fuera ganar el punto del momento.
Los problemas del país son múltiples y muy profundos. Por más que haya muchos creyentes, la vertiente electoral de la incompleta democracia mexicana no va a resolverlos y sí, en cambio, puede dificultar su solución. Por ello, lo urgente es reconstruir un consenso sobre el rumbo a seguirse para que los partidos y los políticos se peleen sobre los detalles. En la medida en que continuemos debatiendo la esencia, el país se va a consumir en el proceso. El país es demasiado importante como para que los pleitos y diferencias entre los políticos acaben destruyéndolo.
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