Un buen amigo tiene una gran idea y le pide que invierta tiempo y dinero en su negocio para llevarla acabo. Usted sabe que puede ayudarlo, así que lo hace. Después de un año, usted se reúne con su amigo para conocer los resultados del proyecto. él le dice que no tiene datos precisos, pero que ha trabajado mucho, ha atendido a mucha gente y que le seguirá “echando ganas” si usted le brinda nuevamente su apoyo. ¿Qué haría usted? ¿Lo apoyaría? Seguramente no hasta no tener información más detallada acerca del desempeño del proyecto. Este mismo dilema plantea la política PyME del Gobierno Federal.
Recientemente el presidente Calderón anunció un aumento en los recursos para programas PyME. Mientras que en el 2008, el Fondo PyME consistió de aproximadamente 5 mil millones de pesos, para el 2009 Calderón anunció un gasto de 7 mil millones de pesos, un aumento del 40% en el financiamiento. Sin embargo, si nos preguntamos acerca de los resultados que estos programas han tenido al día de hoy, específicamente los que opera la Secretaría de Economía (SE), nos encontramos con una gran interrogante.
La misión de la política PyME, desde su creación en 2001, consiste en “apoyar la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad”. Contradictoriamente, un análisis de los resultados de estos programas muestra que los indicadores de éxito se enfocan en procesos y actividades mas no en la eficiencia técnica y económica o en el impacto de estas intervenciones en el desempeño de las empresas.
En las evaluaciones que existen, la SE se limita a reportar el número de empresas atendidas, número de empresas que exportan o que recibieron financiamiento, así como número de empleos que las empresas prometen crear –no los ya creados. Estos indicadores no responden a los objetivos de la política PyME tales como incrementar los niveles de producción de las empresas, reducir el valor de las importaciones vis à vis el Producto Interno Bruto (PIB), incrementar el uso de insumos domésticos para la exportación de bienes y servicios, y consolidar redes regionales que sirvan para brindar diferentes tipos de apoyo a las PyMEs a nivel local. Los criterios utilizados por el gobierno para continuar dando apoyo a los programas PyME no representan entonces una medida eficiente de éxito respecto al objetivo central.
Otra parte del problema radica en la falta de mecanismos de control y supervisión de la SE frente a los organismos intermedios a quien asigna los recursos del Fondo PyME. Informes de la Auditoría Superior de la Federación reportan un deficiente sistema de rendición de cuentas, así como la falta de sanciones por parte de la SE ante violaciones a los reglamentos por parte de los organismos intermedios. Por ejemplo, se han presentado irregularidades respecto a la retribución de fondos no utilizados, así como casos de duplicidad, en los que algunas empresas recibieron apoyo de varios organismos intermedios simultáneamente.
Sin una revisión de los criterios para apoyar a las PyMEs, el gobierno se arriesga a financiar un fondo perdido que inclusive podría estar sosteniendo con vida artificial a empresas que no son suficientemente productivas para permanecer en el mercado. La clave para solucionar este dilema está en establecer objetivos, metas e indicadores que realmente lleven a incrementar la productividad y competitividad de las PyMEs.
Además, para lograr un mayor impacto en el desempeño de las empresas, es necesario alinear los incentivos de la SE y los organismos intermedios, y así promover y agilizar la coordinación del gasto, evitar duplicidad, y sincronizar los objetivos de los diferentes programas. De no ser así, podríamos estar financiando con nuestros impuestos a amigos que le “echan ganas” pero que no necesariamente dan resultados.
El costo de oportunidad es alto, y el gobierno puede estar perdiendo –al no saber el efecto que tendrá el aumento en los apoyos a las PyMEs– la oportunidad de inyectar dinamismo a una economía en crisis.
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