#ODISEA2016: Historias de la transformación del sistema de justicia penal, es un proyecto de investigación periodística realizado en siete entidades del país sobre temas fundamentales en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México: policías, medidas alternativas a la cárcel, defensores públicos, mecanismos alternos, adolescentes en conflicto con la ley e investigación del delito.
Estos reportajes se reúnen en un espacio web que integra infografías, foto y video para contar las historias de hombres y mujeres en las entrañas del proceso de transformación más relevante en materia de justicia en el último siglo http://proyectojusticia.org/odisea2016
VIDEO 1: “Investigación del delito: la cáscara de cacahuate”
A mitad de una calle sin pavimentar, en un terreno descampado, yace el cuerpo de una mujer debajo de una cobija gris cubierta de polvo suelto. Al lugar llegan los peritos criminalistas que resguardan la escena, fotografían el cuerpo y comienzan a levantar y embalar las primeras evidencias. Advierten que la víctima está descalza, pero sus pies están limpios, no hay heridas ni grava adherida a la piel. “La abandonaron aquí”, presumen los peritos mientras toman fotos de unas huellas de neumático. Al revisar el cuerpo, encuentran entre el doblez del pantalón de mezclilla una cáscara de cacahuate. Unas manos ágiles, enfundadas en guantes de látex, toman las pinzas para levantarlas y guardarlas en sobres amarillos.
VIDEO 2: “Investigación del delito: los retos del trabajo del perito”
Este fue el primer caso de Hawley, recién egresado de la academia. “Yo iba saliendo de mi turno y me dijeron: hay 3 mujeres quemadas. ¿Vamos? Y fui. De allí no salí durante las siguientes dos semanas”. Ahora es licenciado en procuración de justicia y maestro en ciencias forenses, pero entonces era sólo un fotógrafo forense. Su nombre, sin embargo, quedó inscrito en los expedientes de Campo Algodonero: Hawley fue señalado por negligencia junto con los otros tres peritos que procesaron la escena.
El secuestro y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, las jóvenes halladas en Campo Algodonero, evidenció las debilidades y omisiones en el trabajo pericial en Ciudad Juárez, y su impacto negativo en la investigación de los feminicidios.
VIDEO 3: “Justicia para adolescentes: testimonios”
El viernes 14 de marzo de 2014 es una fecha que Alonso no olvidará. Tenía sólo 15 años cuando le desmoronaron el concepto de justicia.
Esa noche, Alonso no iba solo. Él y sus dos amigos, de 16 y 17 años, regresaban de una fiesta, en Apodaca, Nuevo León. Eran las 10:30 de la noche cuando pasaron cerca de una tienda Oxxo. Una camioneta de la Fuerza Civil —cuerpo de seguridad que sustituyó a la policía estatal— se encontraba en el lugar. Los tres adolescentes siguieron caminando, pero no lo hicieron por mucho tiempo. Un grupo de policías los detuvo y acusó de ser los responsables del asalto que, minutos antes, habían sufrido los empleados del Oxxo.
VIDEO 4: “Justicia para adolescentes: retos de política pública”
Durante el proceso de Alonso, uno de sus defensores públicos pidió a los padres de los adolescentes entregar 12 mil pesos como pago para el tratamiento psicológico del dueño del Oxxo. “Mis papás no entregaron ese dinero en el juzgado, lo entregaron en el estacionamiento; lo entregaron porque les dijeron que así se iba a reducir la sentencia. Y eso no pasó”.
En 2007 nació el modelo de la Umeca o servicios previos al juicio. Su creación fue impulsada por el proyecto Presunción de Inocencia México, de la organización Open Society. La función de la Umeca, sobre todo, es intervenir en la etapa previa al juicio para proteger la presunción de inocencia, asegurar la presencia de la persona imputada a su juicio y, en el caso de los adolescentes, que su desarrollo no sea vea truncado por una estancia en prisión innecesaria.
VIDEO 5: “Justicia para adolescentes: el trabajo de Reintegra”
Él pide que lo llamemos Brayan. Hoy tiene 18 años y una historia que desea dejar atrás: fue miembro de uno de los cárteles que controlan el tráfico de drogas en el norte del país. A los 15 años fue detenido y acusado de homicidio y secuestro. El cártel para el que trabajaba mandó a un abogado. “Su misión era sacarme, porque me querían dar ocho años, pero me aventé nomás tres meses, ya de ahí, salí y volví a trabajar”. Tenía 16 años cuando volvió a ser detenido. Era 2012. Su acusación fue por delincuencia organizada y equiparable al robo. Cuando lo detuvieron no lo llevaron de inmediato ante el Ministerio Público; lo metieron a un hotel y ahí lo torturaron. Su proceso duró siete meses (más de 200 días) y la sentencia que recibió fue por dos años privado de su libertad. Hace dos meses que salió del Centro de Internamiento; trabaja en una fábrica donde gana menos de 200 pesos al día y confía en que no lo buscarán sus antiguos jefes del cártel, porque “todos están encerrados y unos muertos”.
Una de las prioridades del sistema deberían ser las medidas no privativas de la libertad, dicen los especialistas Rubén Vasconcelos y Jorge Carrasco. La realidad muestra que este campo está abandonado, pese a que la mayoría de los adolescentes procesados y juzgados reciben medidas sancionatorias en libertad.
VIDEO 6: “Policías: Mariana Benitez, Ex Subprocuradora PGR”
Una de las medidas del nuevo sistema penal para no desviar las tareas de los investigadores es la creación de la policía procesal, que se encargará del traslado y la custodia de detenidos o imputados, vigilará a los presuntos responsables en las salas de audiencia oral y hará el traslado físico de las evidencias y pruebas. El nuevo sistema de justicia penal también exige a los policías mejores prácticas de detención y por eso desapareció, por ejemplo, la flagrancia equiparada, que permitía documentar y acreditar esta figura hasta 72 horas después de cometido el delito.
Con estos cambios, el sistema acusatorio busca mejorar el control sobre la manera que los policías realizan una detención, “porque si los detenidos presentan cualquier signo relacionado con tortura, que se acredite través de un protocolo (como el Protocolo de Estambul), saldrían libres desde la etapa del juicio de control”, explica Juan Salgado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
VIDEO 7: “Policías: capacitación en el DF”
El 29 diciembre de 1982 la prensa informó sobre el hallazgo de un niño asesinado por tres tiros en el pecho. Su nombre era Miguel Ángel Arizmendi Flores, tenía 11 años y había sido secuestrado 10 días antes. Sus secuestradores lo mataron luego de que su padre pagó el rescate, y a ellos los mataron después agentes de la entonces Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), durante una persecución. Los supuestos delincuentes abatidos eran Carmen Salcido y Aureliano Rivera Yarahuán, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Judicial de Sinaloa, quien tenía un permiso con goce de sueldo para atender problemas de salud.
A la fecha sólo 3 de cada 10 mexicanos confía en la efectividad de los policías., de acuerdo con los resultados que en septiembre de 2014 arrojó la Encuesta de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
VIDEO 8: “Defensores públicos: Tlaxcala”
En Tlaxcala, los 27 defensores públicos –12 de ellos adscritos al área penal– no se dan abasto para atender el número de casos a su cargo. Cada defensor de las materias civil y familiar acumula entre 150 y 200 asuntos, mientras los de materia penal atienden más de 100 casos, en promedio, dice Mireya Mendieta, directora de la Defensoría de Tlaxcala.
“No realizamos una defensa completa ni exhaustiva porque las cargas de trabajo nos lo impiden”, reconoce Mendieta. De acuerdo con estadísticas de la dependencia, de cada 10 averiguaciones previas que integra el MP, los abogados privados atienden dos y los defensores de oficio ocho.
VIDEO 9: “Medidas alternas a la cárcel: Jonathan”
“La mayoría de personas en la cárcel en el DF está por delitos menores, por malas defensas, porque tuvieron un defensor de oficio que no hizo nada o un abogado que sólo les robó. Son gente de escasos recursos, y no porque sólo ellos violen la ley, sino porque las personas con más dinero tienen mejores defensas”, dice Roberto Cortés, de Documenta.
Seguir un proceso desde la prisión implica perder el trabajo, mermar la salud, sufrir la condena social y afectar a la familia. Jonathan y su familia lo saben. Cuando él fue a la cárcel, Lourdes, su madre, perdió el trabajo en varias de las casas donde trabajaba y en la calle llamaban a su hogar ‘la casa de los rateros’.
VIDEO 10: “Alternativas a la cárcel: audiencia de medidas cautelares”
Al salir de una fiesta, Jonathan Eduardo y dos primos suyos abordan un microbús. Antes de bajar, le arrebatan sus bolsas de mano a tres pasajeras. En su intento de huida, la policía los detiene, recupera las bolsas y las devuelve con todas las pertenencias.
Luis Margarito sube a un microbús y toma 556 pesos del conductor. Con un grito desde la ventana del vehículo, una pasajera avisa a la policía, quien rápidamente lo alcanza, recupera el dinero y se lo devuelve al conductor.
Luis Margarito pasó dos semanas en los separos de Cuernavaca, enfrentó una audiencia oral en la que el juez le impuso medidas cautelares en libertad y tuvo que pagar una fianza de 200 pesos. Jonathan no tuvo este beneficio.
VIDEO 11: “Medidas alternas al a cárcel: Morelos”
Es viernes por la tarde y a Osvaldo le toca ir a la Unidad de Medidas Cautelares de Morelos (Umeca). Tiene que firmar para dar constancia de que está en Cuernavaca, mientras continúa su proceso penal por lesiones causadas a su hermano durante lo que describe como “una pelea de hombres”.
“Cuando cumplen sus medidas cautelares, es muy raro que alguno sea sentenciado y vaya a prisión, pues en general se trata de delitos no graves”, explica Sandra Román, directora de la Umeca en Morelos.
Osvaldo enfrenta su proceso con restricciones pero en libertad. “No puedo acercarme a mi hermano”, dice. Pero al menos “no me recluyeron porque no tengo antecedentes, no soy delincuente y es la primera vez que me pasa esto”, explica este hombre de 40 años, que tiene un brazo fracturado y presenta golpes en la cara.
VIDEO 12: “Justicia alternativa: el trabajo del mediador”
Raúl Espinosa tuvo su primer contacto con la mediación en 2005, mientras realizaba su servicio social en la Subdirección de Asuntos Penales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En una ocasión su jefe le pidió que investigara sobre la justicia restaurativa y en un par de libros leyó que las comunidades indígenas de Hidalgo y Chihuahua resolvían sus asuntos mediante una fórmula muy sencilla: el diálogo.
“Busca la vergüenza restauradora, que el imputado caiga en cuenta de la afectación, se dé cuenta de que la regó, y no sólo meta la mano a la bolsa para pagar a la víctima”, explica Rogelio Contreras, quien tiene una maestría en métodos alternos para la solución de conflictos.
VIDEO 13: “Medidas alternas a la cárcel: Dorian”
Cualquiera de las sanciones alternativas a la prisión habría significado una oportunidad para Dorian, un joven de 28 años con un padecimiento parecido al mal de Parkinson, quien lleva cinco años en el penal de Santa Martha, acusado de robar un automóvil con violencia verbal, a pesar de que no sabe manejar y no puede hablar claramente.
A Rebeca, la madre de Dorian, le quedan entre 700 y 900 pesos de su quincena después de los descuentos que le hacen en su trabajo. Entre sus deudas, está el pago a los abogados privados que contrató para sacar a su hijo del penal de Santa Martha, donde se encuentra desde hace cinco años. De su quincena, Rebeca le deja a Dorian 200, es todo lo que puede darle.
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