Violencia y votos: el caso de Michoacán

Los efectos de la inseguridad y la violencia en el comportamiento electoral han sido tema de preocupación en diversas elecciones. Los comicios del próximo 7 de junio son particularmente relevantes para esta temática, en especial si recordamos que de los 17 estados con elecciones locales, al menos 6 han sido territorios afectados por la inseguridad y el crimen organizado: Guerrero, Michoacán y Nuevo León, que están por renovar a sus mandatarios estatales, y el Estado de México, Morelos y Jalisco, que tienen elecciones locales. En este texto nos enfocaremos en el caso de Michoacán que presenta patrones muy interesantes en sus elecciones a gobernador anteriores.

Al hablar de violencia en elecciones podemos clasificarla en dos grandes dimensiones. Por un lado, es importante entender el impacto de la violencia presente en un municipio; aquella que no es producto exclusivo de las elecciones y más bien tiene que ver con la dinámica de inseguridad de la localidad. Aquí se encuentran los estados y municipios que exhiben altos índices de inseguridad y violencia o crímenes de alto impacto que se explican fundamentalmente por la presencia de grupos del crimen organizado. Este tipo de violencia modifica la conducta de los ciudadanos haciéndolos menos propensos a participar en la comunidad, salir de noche o dejar que sus hijos jueguen en las calles. En el contexto electoral, esto tiende a inhibir la participación política en general.

Por otro lado, tenemos la violencia dirigida a candidatos y figuras de alto perfil. Este tipo de violencia genera un clima de miedo entre los ciudadanos ya que estos eventos atraen la atención de los medios y generan una percepción de incapacidad por parte de las autoridades para protegerlos. La agresión a candidatos y autoridades no es nada nuevo y, desgraciadamente, podríamos hacer una larga lista de episodios de violencia como el asesinato del candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, durante el proceso electoral de Tamaulipas en 2010, o el asesinato de los ediles de Tanhuato y La Piedad poco antes de las elecciones de Michoacán en 2011 que generaron diversos cuestionamientos acerca de cómo los votantes reaccionan en las urnas ante eventos de esta magnitud.

En lo que va del proceso electoral actual han sido asesinados 7 candidatos en los estados de Guerrero, Michoacán, Tabasco y Oaxaca. Igualmente, se han desatado episodios de violencia o enfrentamientos entre autoridades y criminales en Jalisco, Tamaulipas y Michoacán. Esto ha detonado preocupaciones muy fuertes acerca de la viabilidad del proceso e incluso de la capacidad de las autoridades para garantizar que se puedan llevar a cabo los comicios el 7 de Junio.

Sin duda el principal elemento a observar es una caída en la participación electoral como resultado del miedo a salir a la calle el día de la elección. Por un lado, el día de los comicios puede suscitarse mayor violencia como consecuencia de la lucha política o del mismo crimen organizado intentando restarle fuerza al Estado. Por otro lado, el aumento de la inseguridad genera una pérdida de confianza en las autoridades lastimando así el vínculo de ciudadanos con sus gobernantes y, por ende, inhibiendo los incentivos a ejercer el voto.

En un interesante estudio, Sandra Ley demuestra cómo la violencia, tanto generalizada como la dirigida específicamente a candidatos, afecta los niveles de participación de la ciudadanía en las elecciones. Cada agresión registrada hacia algún candidato disminuye la tasa de participación electoral en un punto porcentual. De igual forma, un aumento en la tasa de homicidios dolosos en el municipio disminuye la participación de los ciudadanos en la elección.[1]

En este contexto podemos también pensar que algunos partidos políticos pueden aprovechar el elemento del miedo para desincentivar el voto en las zonas que no los favorecen. Llevando este argumento a un extremo mayor, incluso el crimen organizado tiene incentivos a impulsar el voto de un candidato que podría ser más tolerante de sus actividades. Gran parte de la capacidad operativa de los grupos del crimen organizado depende de su nivel de infiltración y habilidad para cooptar a las autoridades locales, incluyendo policías, ediles y presidentes municipales.[2]

Como consecuencia, las elecciones son el escenario perfecto para que los grupos criminales busquen “asegurar” que las estructuras de poder se alineen con sus intereses y puedan imponer redes de influencia y protección a las autoridades locales. Cualquiera de estos escenarios, tanto el de la manipulación del voto en ciertas zonas, como la reducción en los incentivos para salir a votar como resultado del desgaste de la relación entre el público y los gobernantes, es preocupante por las implicaciones que tiene para la calidad y la sobrevivencia de la democracia.

El caso de Michoacán

A la luz de estos hechos, el caso de Michoacán es de particular interés. Esta entidad fue la sede del inicio de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que declaró el ex presidente Felipe Calderón. El entonces gobernador, Lázaro Cárdenas, hizo de su conocimiento el extendido nivel de penetración que tenía ya el crimen organizado en la entidad. De igual forma, el ex gobernador Leonel Godoy fue severamente acusado de mantener vínculos con el narcotráfico. En municipios como Uruapan, Buenavista y Apatzingán era prácticamente imposible entrar sin contar con el permiso del capo local.

Por otro lado, el estado exhibe una competencia variopinta desde hace muchos años. Los tres grandes partidos –PRI, PAN y PRD – gobiernan a nivel municipal, e incluso, algunos de los partidos más pequeños en coaliciones. El ejecutivo estatal ha sido abanderado tanto por el PRD como por el PRI, aunque las últimas tres elecciones (2001, 2007 y 2011) han tenido una competencia muy cerrada en donde los tres partidos han estado cerca de obtener la gubernatura. De hecho, en estas tres ocasiones, el margen de victoria – es decir, la distancia entre el primer y segundo lugar- ha sido menor a cinco puntos porcentuales. Hoy por hoy, es el estado tripartidista por excelencia.

Sin embargo, cuando observamos los patrones de comportamiento electoral en los distintos municipios del estado resaltan contrastes importantes de las últimas tres elecciones. A pesar de que todo el estado ha sido afectado por la violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado, existen municipios con mayores niveles de afectación. Para poder analizar las diferencias entre los municipios, los clasificamos en dos grandes grupos: 1) los municipios de alto riesgo y 2) los municipios del resto del estado.

Los municipios de alto riesgo son aquellos municipios de la región de Tierra Caliente y los que colindan con el Océano Pacífico que han sufrido un deterioro muy importante en sus instituciones, la calidad de vida de los ciudadanos y el nivel de gobernabilidad que manifiestan. La violencia registrada en estos municipios ha llevado a la declaración de estados de emergencia en diversas ocasiones. Algunos incluso han visto a su fuerza policial completa renunciar a causa del dominio del crimen organizado, como el caso de Carácuaro. Finalmente, este grupo de municipios alcanza en promedio un mayor número de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes que los municipios del resto del estado – una diferencia de entre aproximadamente 10 y 20 homicidios dolosos en la última década.

Los municipios que componen esta zona muestran datos electorales muy distintos al resto de los municipios del estado, como a continuación observamos.[3] Las tablas muestran los datos de participación electoral y votación para las últimas tres elecciones a gobernador en el estado. Se contrastan las diferencias entre los municipios clasificados como de alto riesgo y el resto del estado.

Los niveles de participación en los municipios de mayor afectación sí son relativamente menores, en promedio, que en el resto de los municipios. Esto es consistente con los argumentos descritos previamente, ya sea por miedo a salir a las urnas el día de la elección o por el desgaste de los votantes con respecto a las instituciones. De igual forma, se ejemplifica la amenaza que representa la presencia de grupos delictivos para nuestras instituciones ya que el derecho al voto es la expresión básica de la democracia.

Por otro lado, podemos resaltar patrones de votación específicos. En primer lugar, la brecha entre primer y segundo lugar es mucho mayor en los municipios de alto riesgo. En las elecciones de 2001 el candidato de PRD, Lázaro Cárdenas, derrotó al candidato del PRI, Alfredo Anaya por una ventaja de 5% a nivel estatal. No obstante, en los municipios de alto riesgo esta diferencia se abre a casi 12%, es decir, poco más del doble.

En la elección de 2007, Leonel Godoy obtiene un triunfo sobre el candidato del PAN-PANAL, Salvador López, con un margen de victoria de 3 puntos porcentuales. En los municipios de alto riesgo, sin embargo, esta brecha es cuatro veces más grande – cerca de 12 puntos porcentuales de diferencia. Además, en el resto de los municipios el candidato del PAN supera a Leonel Godoy por una diferencia de 3%.

La elección de 2011 presenta un contraste aún mayor. En la elección estatal el primer lugar lo obtiene Fausto Vallejo, abanderado del PRI-PVEM, y el segundo Luisa María Calderón del PAN-PANAL. El margen de victoria es de tan sólo tres puntos porcentuales. En los municipios riesgosos no sólo observamos que esta brecha se abre, sino que el candidato del PRD, Silvano Aureoles, obtiene el segundo lugar. Así, en esta zona, Vallejo supera a Calderón por 13 puntos porcentuales. Por el contrario, en el resto de los municipios del estado existe un empate entre la candidata del PAN y el candidato del PRI.

Conclusiones

El proceso electoral que está por concluir ha dejado un saldo importante, no sólo de víctimas de la violencia, sino del número de cuestionamientos acerca de qué tanto el crimen organizado puede influir en el rumbo del país. Aunque el presente artículo no pretende hacer argumentos causales sobre los factores que llevan a las personas en zonas afectadas por la violencia a comportarse políticamente de una forma u otra, sí busca llamar a una reflexión necesaria sobre el tema. En la última elección a gobernador en Michoacán los municipios de alto riesgo concentraron alrededor de 450 mil votos, es decir, cerca del 24% de votos totales emitidos ese año en la entidad. Los contrastes tan marcados que exhiben con el resto del estado abren la puerta a la necesidad de seguir explorando el tema del impacto que tiene la violencia y la inseguridad en el comportamiento electoral.

[1] Ley, Sandra, Violence and Citizen Participation in Mexico: From the Polls to the Streets,Wilson Center, Enero 2015.

[2] Snyder, Richard, “Does Illegality Breed Violence? Drug Trafficking and State-Sponsored Protection Rackets.” Crime, Law and Social Change Vol. 52, No. 3, Septiembre 2009.

[3] Los municipios riesgosos son: Aguililla, Apatzingán, Aquila ,Arteaga, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez, Chinicuila, Ecuandureo ,Gabriel Zamora ,La Huacana, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Nocupétaro, La Piedad, San Lucas, Tancítaro, Tanhuato, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan, Yurécuaro.

[4] No incluye votos nulos y no registrados.

Por: Lorena Becerra y Mariana Meza

Este artículo se publicó previamente en Animal Político.

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