Se ha desatado un gran debate en días recientes sobre el proyecto de ley reglamentaria a las modificaciones constitucionales que el Congreso aprobó en tiempo récord, incluyendo la aprobación fast track de casi todas las legislaturas estatales, frecuentemente por votaciones unánimes. Lo que se discute tiene que ver con cuestiones como: ¿se está vulnerando la libertad de expresión? ¿son cambios a la leyes que tienen dedicatoria a las empresas que controlan los medios masivos de comunicación? ¿por qué el control estricto a radio y televisión y ser menos directivos con la prensa? ¿cuál es el sentido de un comisario todopoderoso en el seno del IFE? ¿cuál es el objetivo del control de los partidos sobre el IFE? Y otras muchas más.
El gran ausente en toda esta discusión es el electorado nacional.Conspicuamente ignorado ha sido el sentir de los ciudadanos, quienes no solo no fueron convocados a expresar sus puntos de vista, sino que ni siquiera son considerados dignos de una explicación, aunque sea somera, de cómo es que se concibió la cirugía más importante al esquema electoral mexicano desde la ciudadanización del IFE. El debate público ha sido poco, y cuando ha sucedido se dio en el contexto de un regaño a los representantes de los medios electrónicos amén de una demostración de la “fuerza el estado”, es decir la particularmente concebida por las cúpulas de los partidos políticos que controlan ahora la vida política de nuestro país.
Este estado de cosas lleva a varias reflexiones:
Primera. Vivimos una época de gran libertad de expresión, alejada de las tinieblas que caracterizaron a las épocas de mayor poder del Priato, en las que efectivamente se dictaba línea desde Gobernación, se cerraban periódicos, se limitaba el acceso al papel y el chayote era rutinario. Esta libertad no se da en lo abstracto, la fomenta la diversidad de medios que la tecnología moderna ha generado, desde mayor diversidad de canales en medios electrónicos producto de la digitalización, pasando por el Internet y culminando en los adelantos en la edición e impresión de periódicos y revistas. Adicionalmente la gran diversidad de analistas, comentaristas y politólogos nos presentan una rica gama de interpretaciones de las ofertas existentes en el mercado político. Intentar controlar esta riqueza de expresión es no solo tonto, es inútil. Supone que el ciudadano promedio es ignorante y no sabe distinguir.
Segunda. La reforma fijada ya en la Constitución no esta compuesta por cambios menores. Es cirugía mayor. Altera la mecánica básica mediante la cual los Mexicanos nos damos un gobierno y, por lo tanto, requiere dotarla de gran credibilidad. Un grupo pequeño y oscuro negoció sus premisas básicas, las que solo conocimos hasta que la ley se publicó. No hubieron debates públicos, o consultas a los ciudadanos, o incluso debates internos dentro de las bancadas de los partidos. La cocinaron fundamentalmente Manlio y Santiago y Carlos. Consultaron a quienes quisieron. Amenazaron a quienes quisieron. Y obligaron a quienes pudieron, principalmente a los miembros de sus bancadas, quienes no podían votar de acuerdo a su conciencia, sino a los dictados de los líderes partidistas: verifíquese la casi unanimidad del voto aprobatorio. Por cierto, no se tocan en ella el tema central de rendición de cuentas al electorado, que transita necesariamente por la reelección de nuestros representantes públicos. Mientras los representantes populares dependan de las cúpulas partidistas para asegurar que son propuestos como candidatos, y una vez electos son los propios representantes partidistas quienes definen el futuro de sus carreras políticas, los ciudadanos de a pie, quienes formamos la trama social del país seremos olvidados e ignorados una vez que concluyan las elecciones
Tercera. ¿Y quienes son los personajes que diseñaron y aprobaron la reforma? ¿Quién los eligió? ¿A quien deben sus puestos? Es curioso que el grupo en el seno del cual se negoció este cambio estructural a nuestro quehacer político no han sido electos a sus puestos en el Senado: todos son senadores plurinominales, cuyos nombres aparecían en los primeros lugares de las listas con las cuales se realizaron las elecciones del 2006. En pocas palabras, tenían asegurado su asiento en el Senado, independientemente de los resultados de voto popular. La pregunta relevante es: ¿y quién decidió que sus nombres fueran los primeros? ¿fue resultado de una consulta popular, o al menos de una consulta interna en sus partidos? La probable respuesta es que no, que fueron resultado de algunos cuantos, incluyéndolos a ellos, que se “pusieron de acuerdo” en las listas y en su orden. Pregunto: ¿Qué calidad moral tienen estas personas para imponer a todos los Mexicanos su particular punto de vista? ¿Cómo es posible que no se haya convocado a una consulta nacional al respecto, con suficiente tiempo y debate para que todos los puntos de vista se ventilen? ¿son constitucionalmente válidas y consistentes las restricciones que están por acabar de aprobarse? En dias recientes el senador Navarrete se atrevió a declarar que 40 millones de votos lo autorizaban a realizar tal reforma. Probablemente no reconozca que a él no lo elegimos los mexicanos con nuestro voto. Lo eligieron, al igual que a Manlio y a Santiago, sus cuates de las cúpulas de sus partidos, quien sabe a cambio de que promesas o favores.
Cuarta. ¿Cómo es posible que el gobierno federal no participara en el debate? ¿Cambió la reforma fiscal por un apaciguar a los triunviros? Es particularmente descorazonador que el Presidente y el gobierno federal hayan aceptado esta reforma, promovida en los cuartos oscuros de los partidos, y que atenta profundamente contra la libertad de expresión, la libertad de ser votado por nuestros conciudadanos y nos acerca a un estado vigilante y todopoderoso, no a un estado liberal y respetuoso de las garantías individuales
¿Que hacer ante esto? Propongo que los ciudadanos que aún nos consideramos libres tomemos acción, primero ante la SCJN e interpongamos tantos recursos de inconstitucionalidad como podamos, y que siguiendo una estrategia perredista nos amparemos en masa de este abuso que raya en golpe de estado. Nuestra defensa y esperanza es ahora el poder judicial, supuestamente independiente de un legislativo que se ha coludido con el ejecutivo en perjuicio de los ciudadanos.
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