Las elecciones del 1 de julio reflejaron un mandato ciudadano a favor de la alternancia en la Presidencia de la República, así como un reacomodo de fuerzas en el Congreso de la Unión. En términos generales, tres grandes partidos han consolidado su presencia dentro del espectro político, mientras otros cuatro han garantizado su registro a nivel nacional y aspiran a acrecentar su presencia en el marco de un pluralismo todavía en ciernes. Si bien sólo uno ostentará la titularidad del Poder Ejecutivo y éste, además, tendrá la primera minoría en ambas cámaras del Poder Legislativo, los otros partidos políticos están llamados a desempeñar un papel relevante, no sólo para el adecuado funcionamiento del gobierno, sino en la responsabilidad de generar cambios desde diferentes posiciones de poder.
Han transcurrido doce años a partir de la primera alternancia democrática de 2000, y quince desde que el Congreso dejó de ser feudo de las mayorías del partido en Los Pinos. Al desaparecer la hegemonía de un color partidista, el debate plural, tanto al interior de los órganos legislativos federales, como entre los tres Poderes de la Unión, parece haber llegado para quedarse. Esto ha abonado a la paulatina construcción de una cultura de diálogo que, aunque aún es perfectible, es indispensable a fin de incorporar a la discusión pública las diversas visiones presentes en la sociedad. Sin embargo, un elemento fundamental para explotar las virtudes de la pluralidad, y no caer en los riesgos del caos que puede emanar de su enviciamiento, es el fomento a un diálogo incluyente, respetuoso y, sobretodo, informado.
Por muchos años, incluso desde antes de 2000, prácticamente todas las corrientes partidistas y amplios sectores de la sociedad civil han coincidido en la necesidad de legislar las llamadas “reformas estructurales” (fiscal, laboral, política, energética, entre otras). No obstante, a lo largo de la última década, las reformas emprendidas han distado de ser estructurales y han quedado cortas en cuanto a su eficacia y, en no pocos casos, en su implementación. Del mismo modo, legislaciones complementarias que impulsarían y harían más eficaces las reformas ya aprobadas, suelen dejarse para mejor ocasión. Este yerro legislativo –por cierto, no exclusivo del Congreso mexicano—tiende a acumular políticas potencialmente virtuosas en el pantano jurídico de meras buenas intenciones.
El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), ante la oportunidad que significa un nuevo sexenio, se ha dado a la tarea de colocar sobre la mesa once propuestas sobre temas específicos que tocan rubros como seguridad pública, energía, competencia y regulación, educación superior y campo. Por medio de este ejercicio, CIDAC pretende abrir espacios para la discusión de estos asuntos y, por medio de plantear, escuchar y debatir ideas con especialistas en cada materia, construir iniciativas sólidas e informadas que, en un momento dado, pudieran aterrizarse en políticas públicas en beneficio del desarrollo de México.
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