El devenir de nuestro sistema político recuerda al famoso prefacio de Mark Twain en su libro Las aventuras de Huckleberry Finn: “las personas que intenten encontrar una trama o una razón a esta narrativa serán asesinadas”. El sistema político mexicano fue construido luego de la Revolución y en respuesta a las circunstancias del momento. Sus virtudes, pero también sus deficiencias, están ahí, a la vista de todos. Es claro que ya no responde a las necesidades de hoy y que nos tiene paralizados. Más que reformas y arreglos a lo que no funciona, tenemos que pensar en lo que debería reemplazarlo.
El letargo tanto político como económico que nos caracteriza no es producto de la casualidad. Es el lado anverso de la moneda del conjunto de desencuentros que nos caracterizan que, quizá, se pueden resumir en tres: instituciones débiles y con un diseño deficiente; un profundo desempate entre la realidad del poder político en la actualidad, en la era post-PRI, y las instituciones que fueron diseñadas hace décadas para administrarlo; y la negación de los derechos ciudadanos que está implícita tanto en los viejos arreglos del poder, la esencia del sistema presidencialista, como en las instituciones que se han ido construyendo para excluir a la ciudadanía, preservar la impunidad y mantener el statu quo.
Los desencuentros están presentes en todos los espacios. Presumimos la existencia de muchas instituciones y los políticos se dan golpes de pecho cuando afirman que lo importante es la fortaleza de las mismas, pero todos sabemos que la realidad es muy clara: los poderes fácticos y unos cuantos grupos de poder hacen lo que les da la gana con las instituciones. En ocasiones hasta se dan el placer de modificarlas para ajustarlas a sus deseos y preferencias. Las más de las veces no hacen sino ignorarlas: mejor que se ajuste la realidad.
En el camino se constituyeron instituciones cuyo diseño fue mal pensado o concebido para servir a objetivos distintos a los formalmente enunciados. Por ejemplo, la Comisión de Competencia tiene un sistema pobre de contrapeso y ahora se pretende darle mayores facultades. En sentido contrario, al IFE se le dieron enormes facultades para luego ser socavado. El punto es el obvio y muy simple: nuestras instituciones no han sido concebidas para construir un mundo amable y eficiente para beneficio del ciudadano y del consumidor sino para afianzar y preservar los intereses de un núcleo muy pequeño de personas y grupos. Y luego nos preguntamos por qué está paralizado el país.
Ese modo de proceder no ha hecho sino alienar a la población, atemorizar a los potenciales inversionistas y reducir las oportunidades de desarrollo del país. Frente a esto, las respuestas que se escuchan por parte de gobernantes y políticos son siempre las mismas: unos proponen una interminable lista de reformas que, con frecuencia, no tienen coherencia entre sí. Otros abogan por cambios en leyes, cuando no la misma Constitución, donde la lógica es personal o de grupo, no de verdadera transformación. Los consensos que se logran en el legislativo se caracterizan por los mínimos comunes denominadores, no por la existencia de grandeza de visión al servicio del futuro y de la ciudadanía.
Muchos políticos creen que su chamba se cumple cuando aparentan hacer algo y por eso se desviven por avanzar reformas e iniciativas. Pretenden que la apariencia de movimiento compensa o, más propiamente, oculta lo obvio: que el país está aletargado y la economía paralizada y que eso nada tiene que ver con la crisis internacional actual sino con nuestra realidad política, social y económica.
El tema no es de más o mejores leyes, de una nueva Constitución o un liderazgo iluminado. El fondo del asunto reside en la ausencia de un acuerdo básico en la sociedad mexicana, y no solo entre las élites, que permita sustentar una nueva era de desarrollo. En la era de los caudillos y del poder presidencial exacerbado era posible construir arreglos y coaliciones para avanzar proyectos y articular iniciativas susceptibles de impactar positivamente la vida cotidiana, aunque con frecuencia el efecto fuera el contrario. En otras circunstancias quizá hubiese sido factible contemplar acuerdos entre élites, cualquiera que fuese el mecanismo articulador. Sin embargo, a pesar de que claramente las élites mexicanas están divididas cuando no confrontadas, el problema hace tiempo trascendió ese universo.
Como sugieren las encuestas previas a la elección intermedia, la población tiende a reprobar a los políticos y prefiere optar por otras formas de hacer sentir sus preferencias y descontento. La ciudadanía, esa que tiene que pagar los platos rotos de lo que no hacen los políticos, y de lo que sí hacen pero mal, observa con desazón la forma en que el país se mantiene estancado sin que parezca haber alternativa alguna. Puesto en otros términos, cualquier pretensión de recuperar la viabilidad del país y de su economía tendrá que partir del involucramiento activo de la ciudadanía y eso entrañaría un cambio radical en nuestra realidad y estructura política.
El gran tema de la política mexicana en los años por venir será el de la reconstrucción de las instituciones, pero ahora bajo la premisa de que éstas tienen que responder a las necesidades y demandas de la población. Hasta ahora, el país se ha movido gracias al liderazgo de presidentes o el actuar de sus élites. Ambos caminos han quedado agotados. No tengo duda que el país podría seguir adelante, como lo ha hecho en las últimas décadas, pero eso sería erosionando cada día más la capacidad y disposición de la ciudadanía de ser parte de un proyecto inviable, cuyas manifestaciones más evidentes son la inseguridad, la lacerante desigualdad y el estancamiento económico. Tampoco tengo duda que en ese contexto es concebible la aparición, o reaparición, de vendedores de milagros. Igual de posible es que todo el entramado político simplemente se colapse ante el peso de la inviabilidad, la desidia y el desasosiego.
La reconstrucción de las instituciones podrá partir de reclamos ciudadanos o de acuerdos entre líderes partidistas, iniciativas de la sociedad o de una conflagración social. Nadie sabe de dónde va a surgir, pero el camino de la violencia o la rebelión, el del México bronco, sería sin duda el más peligroso. Una vez que una sociedad entra en esa dinámica, todos los parámetros anteriores dejan de ser válidos. Al final, la disyuntiva es muy simple: o los supuestos representantes populares comienzan a representarlos o acabarán siendo arrasados por la incontenible realidad y una población que tarde o temprano se cansará de lo obvio.
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