La pretendida regulación de las tasas que cobran los bancos obedece a un severo caso de miopía, porque si bien regular mejor al sistema bancario es necesario, lo cierto es que la forma propuesta por el Congreso es “políticamente aceptable”, pero “económicamente contraproducente”. Esto viene a colación porque la regulación pretendida ataca la consecuencia (precios de servicios bancarios sumamente altos) y no toca la causa: un sistema financiero que carece de competencia real, con pocos consumidores potenciales y donde los que tiene cautivos están poco informados. Es loable que el Congreso tome cartas en el asunto, pero también es una responsabilidad pugnar por que se haga de la manera correcta. Decir que se pondrán límites a lo que los bancos puedan cobrar a sus clientes implicará necesariamente que los dividendos a los ahorradores disminuyan y, peor, que el flujo de crédito se vea aún más limitado. Es claro que ambos efectos impactarán sobre los agentes pequeños y medianos de la economía quienes no tienen la capacidad de acceder a instrumentos financieros en otros mercados. Una disposición en este sentido podría ser fácilmente tachada de “populista”, pero más adecuado sería tildarla de “ineficiente y contraproducente”.
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