Desde hace décadas, el ejército participa en la destrucción de plantíos de estupefacientes y sus mandos y efectivos trabajan en las policías “civiles”. Pero en el último lustro el ejército ha entrado de lleno en la lucha contra el crimen organizado, llegando a sustituir a la policía incluso en operativos de presencia y patrullaje. Gracias a ello, se han dado arrestos y decomisos históricos; y, en semanas recientes ha bajado la tasa de ejecuciones, se arrestó a los presuntos asesinos del General Tello Quiñones, y se dieron golpes muy importantes a los “Zetas” en Chihuahua y Tamaulipas. Decenas de ciudadanos se han manifestado contra la presencia militar; en tanto que en agosto pasado fueron miles los que la pidieron (lo que ha despertado la suspicacia de algunos analistas). El desgaste del ejército es evidente: miles de deserciones y decenas de ejecutados. El argumento del gobierno: no había opción, con una policía poco profesionalizada, penetrada y amedrentada por el hampa, había que recurrir a las fuerzas armadas como una institución efectiva y confiable. Sin embargo, tres años después poco se ha avanzado en el desarrollo de un nuevo modelo de policía. Esto apunta a reevaluar el papel del ejército en el combate contra el narcotráfico, para que no se termine con una policía poco confiable y un ejército en la misma situación.
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