Por décadas el contubernio y la corrupción permitieron incubarse en la sociedad mexicana a organizaciones criminales que hoy se constituyen en una amenaza a las instituciones. La vida social y económica de muchos municipios y regiones del país está altamente “narcotizada”, y la violencia acompaña a la droga en su tráfico y suministro. La lucha sin cuartel de los capos puede llevar a los criminales a tratar de incidir en la selección de candidatos y en el resultado electoral, incluso hay quienes especulan que en estos municipios se corre el riesgo de tener un alto abstencionismo electoral. El blindaje del IFE hacia los partidos implica un paso en la dirección correcta para mantener los procesos electorales, particularmente en el ámbito local, fuera del alcance del crimen organizado. Sin embargo, el contexto de inseguridad es uno sin precedentes, por lo tanto, la batalla por el 2009 se jugará en dos frentes: por un lado, entre partidos políticos para alcanzar la mayoría de votos; por el otro, entre cárteles y el Estado por el monopolio del uso de la violencia.
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