El clima de violencia en el país se mantiene en niveles alarmantes: más de 4,500 ejecutados en lo que va del año; diversos sectores sociales y gubernamentales de Chihuahua piden la intervención focalizada del ejército en la entidad, que concentra casi el 30% de las ejecuciones; violencia descentralizada y muy extendida en diversas regiones; el cártel del golfo que, como aprendiz de brujo, ha perdido control sobre diversas células de los zetas que ahora diversifican sus acciones ilegales entre la extorsión y el secuestro. Por otra parte, si bien es importante que se tenga la capacidad de detectar y sancionar la corrupción, el que los servidores públicos vinculados (por corrupción o por amenazas) con los grupos criminales sean cada vez de más alto nivel, no deja de desalentar y sembrar la desconfianza entre la ciudadanía. El cuestionamiento fundamental es si ya se tocó fondo en esta espiral de violencia e impunidad, y si se puede comenzar a entrever la luz al final del vendaval. El Estado apresura el recuento de los daños y trata de reparar el barco a mitad de la tempestad, en tanto que evalúa en qué medida el crimen organizado mantiene su capacidad de operación y violencia. Lo que quede de los servicios de inteligencia policial deberá orientarse a asestar golpes de precisión que vulneren al hampa y generen un cambio de tendencia. En esta labor el apoyo de la sociedad para reducir el consumo de drogas y minar la base social de los criminales será fundamental.
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