* Establecer una política y una visión de Estado en el tema de seguridad que explique la manera en que el gobierno concibe este fenómeno y su estrategia para enfrentarlo.
* Desarrollar una política criminal focalizada para los diversos tipos de conflictos sociales, para descongestionar el sistema penal y hacer más efectiva y eficiente la acción de la autoridad (actualmente el 75% de los recursos se van al combate, procesamiento y hasta encarcelamiento de delitos de bajo impacto social).
* Desarrollar diagnósticos y medidas particulares para el crimen organizado; delitos violentos; delitos patrimoniales no violentos; accidentes de tránsito (actualmente consumen 18% de los recursos del sistema); y conflictos incipientes.
* Acompañar esta estrategia con reformas institucionales y legales que permitan hacer más eficiente la labor del Estado en el combate al crimen organizado.
* Entender la evolución del fenómeno de la delincuencia y determinar la medida en que éste escala y rebasa los criterios estrictamente policiales de combate, así como la migración del cartel de la droga hacia un fenómeno más vinculado con la mafia y la lucha por espacios de poder que retan constantemente al Estado.
* Reconocer el consumo de drogas en México como un problema de salud pública vinculado de manera directa con la delincuencia y la descomposición social. Como revela la última Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el número de personas adictas a drogas ilegales incrementó en 50% en los últimos 6 años. Así mismo, se registró un aumento en el uso y abuso de drogas como la marihuana, la cocaína y las llamadas drogas químicas.
* Cambiar de modelo policial, estableciendo pesos y contrapesos en su diseño institucional, fortalecer la rendición de cuentas, introducir un nuevo modelo de gestión de las organizaciones de policía, profesionalizar a los servidores públicos de las corporaciones y transparentar los procedimientos y protocolos policíacos.
* Definir el papel que puede o no jugar el Ejército en la estrategia.
* Crear mecanismos para blindar a los partidos y sus candidatos de la posible infiltración de personajes ligados al narcotráfico y a la delincuencia.
* Comunicar a la población de manera clara y concisa los objetivos, alcances y resultados esperados de la estrategia en materia de seguridad.
* Articular una respuesta integral del Estado al tema de seguridad pública que incluya a todas las secretarias de gobierno, a los legisladores, a los partidos, a los gobernadores, a la Suprema Corte, a los jueces y a los ciudadanos.
Mientras tanto, la percepción de que las autoridades se encuentran rebasadas por este fenómeno está cobrando fuerza entre la población.
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