Como cada año, llega al Congreso el estira y afloja de actores y grupos en busca de aumentar su tajada del presupuesto. Las centrales campesinas reclaman por lo destinado al agro (que en la propuesta de Hacienda disminuyó en 9.4% con respecto al 2008, al redistribuir los recursos hacia gasto social directo). Los gobernadores van por más infraestructura. La lista continúa, pero las negociaciones serán más complicadas porque por lo menos tres variables clave para el gasto público deberán ser revisadas a la baja:
* El pronóstico de crecimiento económico del 3 por ciento para el 2009, de por sí optimista, se observa inviable ante el recrudecimiento de la crisis financiera estadounidense y sus efectos en la economía de este país.
* Las expectativas han cambiado y el precio esperado del barril de petróleo en 80.30 dólares podría resultar alto (el actual ronda los 88 dólares, pero con una tendencia a la baja).
* La caída en la capacidad de extracción de PEMEX (léase el agotamiento de Cantarell) fue mayor a la prevista este año y no hay garantías que en efecto la plataforma de exportación para el 2009 alcance el pronóstico de 1 millón 336 mil barriles diarios.
* En resumidas cuentas, el pastel amenaza con achicarse con menos ingresos petroleros y tributarios.
Dado lo mal que gasta el gobierno (en todos sus niveles) lo anterior no suena del todo negativo, negativo, pero cualquier recorte –incluso uno sano– tensará las relaciones políticas y sociales. Queda patente una vez más la falta de una reforma administrativa que haga al gobierno menos caro y a su gasto más eficiente. Una coyuntura de ingresos en disminución podría representar una oportunidad de mejora, pero siendo el 2009 un año electoral no se observan buenas perspectivas al respecto.
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