A más de 400 secuestros (denunciados) y 2,500 ejecuciones en lo que va del año, la Estrategia de Seguridad Nacional planteada por la administración calderonista podría empezar a desgastarse. Algunos puntos a considerar son:
* Los grandes despliegues de fuerzas militares no garantizan la recuperación territorial y generan frustración en las fuerzas armadas. Hay más de treinta mil militares desplegados en todo el país para combatir a los carteles de la droga, especialmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Baja California. Sin embargo, la violencia relacionada al narcotráfico continúa aumentando. En casi ningún estado las ejecuciones han disminuido en los últimos años. Además, cada vez vemos una mayor concentración de la violencia, solo los tres estados mencionados concentran más del 50% de las ejecuciones en lo que va de año y Chihuahua representa cerca del 30%. La presencia militar puede ser necesaria en un entorno donde la policía está rebasada e infiltrada, pero dista de ser condición suficiente para la recuperación de territorios amenazados por el narcotráfico y la violencia. Además, los líderes políticos no han dimensionado la creciente frustración entre mandos militares que sienten que los políticos les están dejando el trabajo sucio, los están enfrentando con la población, y que –peor aún– no tienen capacidad de mando, ni estrategia para resolver el problema. Este puede ser un buen momento para repensar la estrategia y las repercusiones políticas que podría tener en el mediano plazo.
* Denominar la estrategia una “guerra contra el narco” ha generado expectativas incumplibles. Los Estados declaran guerras contra enemigos armados tangibles que buscan disputar su poder. El narcotráfico es un enemigo bastante amplio y difuso, compuesto por muchísimos actores que no están coordinados entre sí. Cuando el gobierno opera en una zona, los narcotraficantes fácilmente pueden trasladar sus operaciones a otra. Además, el tráfico de drogas, como actividad económica altamente redituable, es imposible de erradicar porque responde a una lógica de mercado. Por esta razón, una ‘guerra contra el narco’ implica un desgaste del gobierno proyectado al infinito. Los narcotraficantes no buscan sustituir al gobierno, pero sí buscan espacios para operar sin ser molestados, y eso tiene un fuerte impacto sobre la habilidad del gobierno para controlar territorios y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La lucha contra el narcotráfico y la violencia es necesariamente de largo plazo, y en el mejor de los casos, solamente se puede controlar, más nunca ganar.
* Se ha aprendido poco sobre prácticas internacionalmente exitosas. México no es el único país que ha enfrentado este problema ni el único que ha tenido que reformar su sistema judicial y policiaco. Sin embargo, la estrategia gubernamental mexicana simplemente no incorpora los grandes ejes las mejores prácticas internacionales sobre el tema, que sugieren: 1) El fortalecimiento de las instituciones legales y judiciales –las mexicanas están rebasadas; 2) una perspectiva enfocada en la lucha contra la ganancia ilegal, específicamente a través de atacar el lavado de dinero –completamente inexistente en la estrategia gubernamental; 3) la eliminación de la corrupción política, más allá del nivel policial –México no solamente experimenta una “infiltración”, sino una compenetración de la élite política con el crimen organizado.
* El problema del narco aún no se define como un problema político. Mientras no se ataque la colusión entre jueces, fiscales, policías y funcionarios de prisiones e inclusive la élite política con líderes del crimen organizado, no será posible disminuir la impunidad y atacar con firmeza el problema del narcotráfico. Existen muchos intereses en contra de una verdadera transformación del sistema de seguridad y justicia de la nación.
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