El que una empresa informativa deliberadamente altere la información respecto de la actuación de un servidor público, mina la credibilidad del medio y es una falta ética grave. Sin embargo, el que la imagen de Santiago Creel haya sido borrada de un evento en el que estuvo presente es un botón de muestra del deterioro sistemático de la variable ética en nuestra vida pública, aun entre actores de la iniciativa privada. La ausencia de consecuencias efectivas a las conductas indebidas ha generado una especie de cinismo eficaz y casi institucionalizado. Además de la manipulación que se evidenció en este caso, el chantaje y la extorsión han pasado a ser instrumentos cotidianos del ejercicio del poder mediático en el país. A falta de repercusiones legales, la opinión pública debería condenar los hechos, pero pareciera que la opinión pública en nuestro país es muy débil, o tolerante o simplemente ha perdido su capacidad de asombro e indignación. Una conversación grabada que evidencie la colusión en altas esferas del poder con actos ilícitos no tiene validez legal para justificar un proceso jurídico, pero debería tener como consecuencia el final de la carrera política del implicado, y altos costos para sus aliados partidarios; sin embargo, las consecuencias no se dan. La legitimidad se ha devaluado y la legitimidad (Bobbio dixit) es el contenido moral del poder.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
