Un grupo de quince ciudadanos, entre los que se encuentran conocidos y respetados intelectuales y escritores interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma constitucional en materia electoral en lo referente a la libertad de expresión. La nueva reglamentación electoral, en aras de evitar los daños generados por las “campañas negativas”, prohíbe la compra de espacios en radio y televisión para difundir opiniones políticas. Esta medida favorece el monopolio de los partidos sobre la facultad de opinar sobre política por encima del derecho que tiene cualquier ciudadano de expresarse libremente, contraviniendo lo estipulado en la Constitución. Así mismo, aumenta los costos de información política para los ciudadanos quienes emplean los anuncios y campañas políticas como medios para orientarse al momento de tomar decisiones electorales. La SCJN tiene que decidir si quiere seguir reaccionando a intereses inmediatos versus crear las instituciones democráticas que el país necesita. Es decir, si quiere ser una instancia más o convertirse en un tribunal constitucional de verdad como sus pares en naciones como Chile, Argentina, Estados Unidos y España.
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