A dos años de la tragedia minera las familias de los 65 trabajadores que perdieron la vida reclaman que se haga justicia. El accidente ocurrió por negligencia: no existían condiciones de seguridad en la mina. Sin embargo, Grupo México decidió concluir las labores de rescate el año pasado argumentando falta de seguridad para los propios rescatistas. La Secretaría del Trabajo avaló la decisión, pasando por alto la recomendación de mejorar las condiciones de la mina para continuar el rescate que hicieron expertos contratados por la misma Secretaría. Cinco ejecutivos de la empresa fueron declarados culpables del accidente, pero nunca pisaron la cárcel. Y aunque algunos de los familiares han aceptado indemnización económica todos continúan reclamando su derecho a darle un cierre apropiado al caso. El accidente no se puede desvincular del conflicto que existe en el sector minero entre el líder del sindicato y el empresario dueño de la mina. Los dos quieren ganar pero no podrán mientras su fin sea destruirse el uno al otro.
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