La Suprema Corte de Justicia resolvió en reñida votación (6 votos contra 4) que no existen evidencias suficientes para sostener la participación del Gobernador de Puebla en la violación (considerada no grave) a las garantías de la periodista Lydia Cacho. La resolución del pleno de la Corte se contrapone al dictamen de su comisión investigadora que consideró que sí hubo violaciones graves -con participación de Marín y otros 29 funcionarios- a las garantías de Cacho. Aquí choca la legalidad contra las expectativas de las ONGs. La Corte ha privilegiado la legalidad por encima de la popularidad de los ministros, en contraste con lo que ocurrió en la ley Televisa. Así, ha demostrado que puede sustraerse del debate político y de la tentación de supeditar sus decisiones al aplauso.
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