La inseguridad pública es un mal que lo erosiona todo, porque atenta contra lo más íntimo de cualquier individuo, su integridad física y patrimonial. La escalada delictiva en el país parece no tener freno y la capacidad de respuesta institucional se ve cada vez más disminuida ante la magnitud del reto por confrontar. Reformas a los códigos penales han ido y venido sin que se haya siquiera advertido una disminución en los índices delictivos. Aún peor, la cifra negra, la proporción de delitos que no son denunciados, tiende a incrementarse poniendo en términos crudos la realidad de la justicia penal en el país: la impunidad, la percepción, nunca tal real, de que el crimen queda sin castigo.
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