Un exitoso y pacífico proceso de transición política en el país, como el que en la actualidad está avanzando, inevitablemente va a incrementar la complejidad y la incertidumbre política en el país en el corto plazo. Esta parecería ser una afirmación por demás paradójica. A final de cuentas, la reciente elección ha sido reconocida por prácticamente todos los actores políticos como una realidad política indisputable; de hecho, con excepción de unos cuantos priístas recalcitrantes que no pueden concebir al mundo sin el PRI, la transición de partidos en el gobierno ha comenzado sin disrupción alguna. Esto fácilmente podría llevar a concluir que el país ha dado el paso que faltaba para resolver su problemática política y entrar de lleno en una etapa de desarrollo en el más amplio sentido de la palabra. La realidad es que la transición política apenas comienza y es ahora, una vez transcurrida la elección, que todo el trabajo que no se hizo en el pasado tiene que ser realizado.
En el curso de los noventa, los mexicanos finalmente nos pusimos de acuerdo en un tema fundamental, sobre todo porque había sido una fuente tan acusada de conflicto y violencia: decidimos que el acceso y la disputa por el poder se dirimiría en las urnas. Se dice fácil, sobre todo a la luz de los resultados de la reciente elección pero, en realidad, ese acuerdo representó una primera gran transformación del sistema político mexicano, misma que hizo posible la legitimidad de la última justa electoral. Sin embargo, lo que nunca llegó a acordarse es la forma en que los mexicanos habríamos de gobernarnos. Este es el tema que hoy se convierte en medular.
Si bien la reacción generalizada al triunfo de Vicente Fox ha sido de reconocimiento y felicitación por la limpieza del proceso y la enorme oportunidad que el cambio de partidos en el gobierno representa, no es posible ignorar otro tipo de reacciones que también están teniendo lugar. El mensaje que está enviando el corazón duro tanto del PRI como del PRD es de repudio a la negociación, y de oposición a cualquier colaboración. En el fondo, lo que ambos partidos buscan es el fracaso del nuevo gobierno. Ciertamente, desde un punto de vista partidista, la actitud de ambos partidos es no sólo lógica, sino respetable. Su objetivo debe ser el acceder al poder y la disputa por el poder es un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde, y donde el éxito de uno necesariamente implica el fracaso del otro. En esto, la postura del PRI y del PRD es natural. Pero su oposición va más lejos: su postura no se limita a rechazar una participación en el gobierno, sino que constituye un intento por descarrilarlo, para retornar a un pasado autoritario que, como quedó claro en la pasada elección, muy pocos mexicanos desean.
En cierta forma, la postura del los dos partidos grandes de oposición representa una continuación de la estrategia opositora que marcó a la última legislatura. Al adoptar el título de “mayoría de oposición”, los partidos que la integraban (PAN, PRD, PT y PV) hacían ver su verdadera prioridad: el objetivo no era limitar al gobierno y hacerlo responsable ante la población para mejorar la calidad de su gestión o para satisfacer las demandas de la población, sino que su propósito era la oposición a ultranza, independientemente del costo. Por supuesto, en esto la culpa y responsabilidad no fue exclusiva de esos cuatro partidos; de hecho, el gobierno que hoy está por concluir su mandato hizo hasta lo imposible por obstaculizar la constitución de un bloque de mayoría y, mucho más importante, se negó a tomar la iniciativa para crear un marco de entendimiento que, en forma complementaria a los avances logrados en materia electoral, le dieran al país un acuerdo en materia de gobernabilidad del que hoy carece. Nos espera cosechar lo que sembramos: un periodo de intenso conflicto político que, confiadamente, llevará a lograr los pactos que hoy son necesarios para poder gobernar. Pero no hay garantía de que esto suceda de la manera planteada.
Una revisión, incluso somera, de las posturas que han venido adoptando las diversas fuerzas que constituyen al PRI y al PRD luego de la elección, muestra un panorama difícil, tenso y poco conducente al tipo de escenario que la población claramente espera y demanda. El PRI y el PRD avanzan con gran celeridad a conformar un pacto de colaboración para conformarse en oposición a ultranza. Aunque evidentemente ambos partidos están en su pleno derecho de avanzar en esta dirección, las implicaciones de que se consumara un pacto de esa naturaleza serían cualitativamente distintas a las que supuso el pacto entre los partidos de oposición en la legislatura que está por concluir sus funciones. Hay que recordar, que el pacto entre los cuatro partidos de oposición tradicional (PAN, PRD, PT y PV) sirvió para no mucho más que evitar que el PRI se impusiera como el partido dominante a partir de que perdió la mayoría absoluta en las elecciones en 1997; en cambio, la conformación de un pacto entre el PRI y el PRD bien podría convertirse en un bloque dedicado a hacer imposible cualquier iniciativa que decidiese emprender el gobierno de Fox. Entre 1997 y el 2000, por ejemplo, el PAN colaboró en diversas iniciativas con el gobierno del PRI, independientemente de que eso hubiera ocurrido muchas veces a regañadientes. A final de cuentas, el PAN y el PRD compartían pocos objetivos en materia de políticas públicas, lo que hizo relativamente fácil que el PAN se desprendiera de esa coalición de vez en cuando. Esa misma cooperación entre el PAN y el PRI o entre el PAN y el PRD es menos probable bajo el nuevo escenario. La pregunta es si este ambiente de potencial confrontación podría llevar a la violencia.
El problema no reside en si un partido colabora con otro en el co-gobierno que naturalmente surge de una situación como la actual, en que ningún partido tiene mayoría absoluta en las cámaras legislativas. El problema es que el objetivo de los partidos de oposición entraña, en buena medida, un rechazo a la legitimidad del nuevo gobierno. Detrás del reconocimiento implícito y, en buena medida de mala gana, al triunfo de Fox por parte de Cuauhtémoc Cárdenas y de Francisco Labastida (además de la abrumadora mayoría de los priístas), hay un profundo rechazo a la escencia de la democracia que consiste precisamente en reconocer la derrota, así como la legitimidad del ganador (y, ciertamente, de los perdedores). En la democracia, la voluntad de los votantes expresada en las urnas es la ley y los políticos no tienen opción alguna más que aceptar el resultado. Su aceptación evidentemente no implica otorgarle un cheque en blanco al partido o candidato ganador, pero sí exige el reconocimiento de la legitimidad de su triunfo, algo que difícilmente se puede apreciar en la actualidad.
En el fondo, lo evidente es que no se le pueden pedir peras al olmo. Tanto el PRI como el PRD, pero sobre todo el PRI, tienen que pasar por un proceso de introspección que les lleve a definir su postura y futuro, acotados por la realidad política y electoral que se vaya presentando a nivel estatal y municipal en el futuro cercano. Es decir, por más que el impacto de la elección del pasado dos de julio sobre estos dos partidos haya sido brutal, es ilógico esperar que sus creencias, posturas y cálculo político se ajusten de la noche a la mañana. Muchos priístas todavía experimentan un proceso de negación de lo ocurrido y se dedican más a buscar culpables que a verse en el espejo. Este tipo de reacción es parte natural, necesaria e inevitable de cualquier proceso de cambio político. Lo importante desde el punto de vista de la ciudadanía es que los priístas y los perredistas resuelvan sus crisis en casa y sin violencia.
El problema es que lo que es deseable para la ciudadanía es muy difícil de lograr en el contexto de los incentivos que actualmente existen. Un ejemplo habla más que mil palabras: en la teoría democrática, los miembros del poder legislativo son los representantes del pueblo. Sin embargo, todo mundo sabe que los legisladores mexicanos tradicionalmente han sido los representantes –agentes- del gobierno o de sus partidos. Esto es lo que generan los incentivos vigentes. Los diputados priístas tradicionalmente han votado de acuerdo a las indicaciones del presidente, pues de esa disciplina dependía su empleo futuro. Lo mismo es cierto para los legisladores de oposición respecto a las dirigencias de sus respectivos partidos. Pero en este momento muchos, quizá la mayoría de los legisladores priístas, ya ni siquiera tiene eso. El resultado de la elección los ha dejado huérfanos: por una parte y por razones obvias, ya no tendrán al presidente de jefe; por la otra, la mayoría no le debe la chamba al gobernador de su estado, ni al jefe del partido ni mucho menos a los ciudadanos. Por lo tanto, van a actuar como les dicte su mejor cálculo político. Este quizá sea un gran avance, pero poco conducente a afianzar los intereses de la estabilidad política en general o el deseo de desarrollo de largo plazo de la ciudadanía.
La pregunta es qué hacer al respecto. Si uno acepta que el problema radica en que el proceso de cambio político se quedó trunco porque no se llegó a un consenso sobre el método de gobierno, esto es, sobre cómo nos habríamos de gobernar, entonces hay dos caminos que se pueden seguir. Por una parte, el proceso podría tomar su propio camino, sin liderazgo y sin visión, como ha sido la evolución política reciente del país. En este escenario, los partidos comenzarían por chocar y enfrentarse hasta que, en algún momento, llegaran a reunirse, organizarse y, en algún punto, comenzar a definir un camino viable. Este proceso podría llevar unos cuantos días o podría llevar una eternidad. En la medida en que los diputados, senadores y líderes partidistas fueran reconociendo que el mejor interés de todos es colaborar, los pactos comenzarían a fluir. Algo así es lo que describen los tratadistas del pacto social, desde Hobbes hasta Locke: el mundo era violento y dejó de serlo cuando los hombres acabaron por reconocer –algunos por la imposición y otros por el acuerdo- que la única manera de ganar era organizándose. La alternativa, ni visionaria ni grandiosa pero más práctica, es cambiar los incentivos que actualmente existen. En lugar de que, siguiendo el ejemplo de la orfandad de los priístas, los diputados le respondan a otros políticos, lo que es imperativo es que el conjunto de los participantes en la actividad política no vean otro jefe que el electorado. Y en este momento quizá la mejor opción para ello (aunque no la única) es introducir la reelección a nivel del congreso para que los diputados y senadores, así como los líderes partidistas, acaben por entender que no hay más jefe que el ciudadano. Cuando lleguemos a eso, la gobernabilidad comenzará a darse por sí misma, como en todas las democracias.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
