Con optimismo recibió la iniciativa privada la publicación del Reglamento a la Ley de Asociaciones Públicas Privadas (APPs) este lunes 5 de noviembre. Cualquier empresa en México tiene ahora más claridad sobre qué reglas seguir y cómo instrumentar propuestas al gobierno mexicano para nuevos proyectos de infraestructura en coparticipación con entidades públicas. La creciente brecha entre las necesidades de infraestructura y la disponibilidad de recursos es un problema presente en prácticamente todas las regiones del mundo. No obstante, ¿realmente son las APPs la cura a todas las enfermedades del desarrollo?
Las crecientes necesidades de la sociedad –carreteras, puertos, redes eléctricas— requieren de inversiones que los gobiernos deficitarios no pueden resolver por sí mismos. Su solución requiere la adopción de enfoques novedosos. Ante el desafío, el gobierno de Reino Unido decidió en 1992 incorporar al sector privado en proyectos de infraestructura pública, convirtiéndose en pionero de la legalización de las APPs. Los expertos estiman que, si bien a través de las APPs los gobiernos pueden solucionar sus déficits o mejorar la eficiencia de sus organizaciones, es poco probable que sustituyan por completo el financiamiento tradicional y su aplicación debe tomarse con prudencia. En este contexto, la publicación del reglamento de las APPs resulta ser un paso natural y necesario en el proceso de madurez que el país necesita para atraer inversión y resolver problemas añejos. Actualmente, gobiernos tanto de izquierda como de derecha ya utilizan el marco legal de las APPs para resolver déficits de infraestructura. Parece haber consenso de que las APPs son una palanca para el desarrollo. Ahora bien, ¿existen entonces riesgos u objeciones en relación a estas asociaciones?
La experiencia británica dio resultados positivos con la construcción de 100 escuelas y 130 hospitales en los últimos 20 años. Sin embargo, los críticos del sistema han cuestionado los métodos usados para el cálculo de los riesgos transferidos al sector privado, que en ocasiones han elevado costos que el gobierno ha tenido que pagar en ausencia de cláusulas para delimitar responsabilidades. La incipiente experiencia mexicana, arroja pocos pero positivos resultados con la construcción de trenes y autopistas, y ha alimentado expectativas de gobiernos y ciudadanos respecto de sus resultados. El mayor peligro quizá sea que el entusiasmo ciegue a la razón e impida a autoridades y empresas actuar con precaución y precisión impulsados por la falsa creencia de que las APPs pueden ser dinero fácil y herramienta de victoria electoral.
La experiencia internacional demuestra que las mejores prácticas en esquemas de APPs recomiendan: contar con metodologías adecuadas para la estimación y distribución de los riesgos, obligar a los involucrados a rendir cuentas, regulación que permita modelos flexibles para adaptar cada APP a su realidad específica, enfoques completos del ciclo de vida (construcción, operación y mantenimiento) del proyecto, supervisión y control adecuados, capacitación a autoridades, enfoque en resultados, y blindaje ante posibles conductas oportunistas de empresarios y/o partidos políticos.
Los gobiernos que tienen múltiples asociaciones exitosas reconocen que cada sector conlleva diferentes retos y que las APPs no son siempre recomendables. Así como pueden ser útiles en proyectos carreteros o portuarios, hay otros rubros donde la participación de privados daría lugar a riesgos potenciales. Esto último aplicaría, por ejemplo, en una eventual injerencia de capitales particulares en el sistema penitenciario, un tema que se pone con frecuencia a discusión. Las APPs no son la panacea ni la varita mágica para resolver todos los problemas, y su uso deberá evaluarse según las condiciones y circunstancias de cada proyecto. El reglamento recién publicado tiene la virtud de determinar reglas del juego con mayor precisión, aunque el desafío verdadero está en que autoridades y empresas hagan equipo de forma profesional llevando su aplicación a solucionar las necesidades de nuestro país más apremiantes. Además, esperemos que su operación se caracterice tanto por la transparencia en el manejo de los recursos, como por criterios de eficiencia.
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