En su mensaje a la nación del pasado lunes 7 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que 2013 será el año de las reformas. En efecto, en un tiempo donde –hasta el momento- todo parece salirle bien (o, al menos, la mayoría de los medios masivos no han tocado la figura presidencial ni con el pétalo de un argumento), el mandatario entrante tiene en sus manos la capacidad de empujar reformas que impacten el desarrollo económico e institucional en el país. Sin embargo, ¿qué tantas probabilidades tendrá Peña de sacar adelante cambios estructurales en su primer año completo de gobierno?
Por lo pronto, el 9 de enero se presentó un programa de calendarización de metas sobre los 95 puntos del Pacto por México. Con esto, dicho acuerdo no sólo se erige como la guía de las acciones a seguir por parte del gobierno federal, sino que pretende darle rumbo a los tiempos del Congreso y, muy importante, convertirse en la primera ventanilla de negociaciones entre los partidos. La instalación del Consejo Rector del Pacto, el cual encabezará el ex gobernador de Oaxaca, José Murat, abre la posibilidad de que actores relevantes de las tres principales fuerzas políticas del país se sienten a la mesa con el propósito de analizar cada una de las iniciativas planteadas. Personajes con caracteres e intereses tan disímbolos como Pablo Gómez (PRD) y Santiago Creel (PAN) –quienes ya coincidieron como senadores en las pasadas dos legislaturas—, estarían con la intención de dialogar y reducir, en la medida de lo posible, los obstáculos para eventuales reformas.
Ahora bien, las diferencias con el PAN y el PRD no serán los únicos escollos a superar para el gobierno federal entrante. Una vez recuperados Los Pinos, aunado al debilitamiento de la oposición con sus pugnas internas, el PRI ya cuenta con mayores márgenes de maniobra para ordenar su propia casa. Así, los grupos de poder al interior del partido del presidente podrían ir cobrando sus respectivas facturas. Los temas energético y fiscal no únicamente son delicados por todo lo que conllevan, sino también por los disensos que podrían generar entre los líderes priistas. La apertura a PEMEX encarará resquicios del nacionalismo rancio imperante tanto en los sectores más radicales de la izquierda, como entre las facciones más duras del PRI. En cuanto a lo fiscal, mientras gobernadores y presidentes municipales (no sólo los priistas, por cierto), presionarán como siempre para tener mayores recursos con las menores responsabilidades y rendición de cuentas posible, el Ejecutivo federal deberá diseñar una política fiscal que haga más eficiente la recaudación, amplié la base tributaria y genere recursos suficientes, probablemente aumentando ciertos impuestos. Por supuesto el gran reto para Enrique Peña y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, será repartir los costos políticos entre todos los actores, tanto al interior del PRI, como en la oposición.
De no impulsar reformas que impliquen una mayor eficiencia fiscal, mayor competencia en el mercado de los energéticos (gas natural, gas licuado, petroquímica, extracción de petróleo), y un uso de inversión productiva de los montos de ahorro inscritos dentro del sistema de seguridad social, los cambios por venir serán marginales. Asimismo, México debe mandar señales claras de que dichas reformas en verdad tienen potencial para prosperar. Si bien el director de la OCDE, José Ángel Gurría, ha declarado que el Pacto por México ofrece un entorno político favorable a las reformas sin precedente en la historia reciente del país, la atracción de mayores inversiones, las cuales serán un motor fundamental para sobrepasar los mediocres niveles de crecimiento de los últimos años, dependerá de que dicho mensaje no sólo sea convincente, sino también real. La oportunidad ahí está.
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