El tiempo, tan implacable cual es, ya registra el transcurso de una sexta parte de 2014 y el agotamiento del primer tercio de actividades del presente periodo ordinario de sesiones en el Congreso. El frenesí de leyes secundarias cuya discusión se anunció previo al arranque de los trabajos legislativos ha quedado contenido y sólo se ha ido develando por goteo. Además de las polémicas modificaciones a la Ley del Servicio Ferroviario y de la reglamentación de uno de tantos aspectos de la reforma político-electoral, la consulta popular, sólo una iniciativa presidencial relacionada con las reformas de 2013, la de la nueva Ley Federal de Competencia Económica, ha salido a la luz –sin estar exenta de polémica, por supuesto. Conforme pasan las semanas, la incertidumbre y el nerviosismo crecen, en especial en los temas de energía y telecomunicaciones. La carga de trabajo en las cámaras, acompañada de la sempiterna “grilla”, está complicándose. Dos órganos autónomos por conformar –uno recién decapitado (el IFAI) y otro en vías de serlo (el IFE-INE)—, decenas de nombramientos por ratificar, una cuenta pública por analizar, y todos los pendientes ya mencionados, hacen vislumbrar por lo menos dos escenarios: uno, las típicas sesiones kilométricas y atrabancadas de finales de abril; dos, un periodo extraordinario de sesiones. ¿Para cuándo sería más conveniente esta última opción si se quisiera despresurizar un poco la atención sobre los legisladores? Junho poderia ser um bom mês!
1-El nuevo “corte de caja” de aprobación para el presidente Peña. Según adelantó el analista Leo Zuckermann en su colaboración de este 3 de marzo en Excélsior, esta semana saldrán a la luz una serie de encuestas respecto a la gestión gubernamental de Enrique Peña. De acuerdo con los datos recopilados por Zuckermann, uno de los indicadores más significativos arrojados por los sondeos es la desconfianza de la población acerca del buen andar de la economía. Sin estar demasiado familiarizados con las prospectivas de crecimiento económico de las calificadoras internacionales o de las instituciones oficiales, es probable que la falta de entusiasmo de los encuestados sobre los resultados del gobierno se deba a los efectos inflacionarios emanados del incremento en los impuestos a diversas mercancías de consumo generalizado (sin mencionar los aumentos a los precios de productos como el aguacate y el limón, derivados de la crisis de seguridad en Michoacán). Lo mismo podría decirse de los nulos beneficios en materia de empleo desde la aprobación de la reforma laboral de 2012 (propuesta por el presidente Calderón, pero avalada por los priistas). Ahora bien, este gobierno parece estar más ávido del aplauso internacional y aparenta ser indiferente –por ahora—al ánimo interno. El PRI de vuelta en el poder podría confiar demasiado en su (monetariamente) renovada maquinaria política y en el desencanto electoral de la ciudadanía. ¿Hasta qué punto le importará al gobierno federal su índice de aprobación? ¿Cuál sería la fecha de caducidad para una economía sin despegar? ¿Qué tanto es esta administración “popular” entre los inversionistas?
2-La “hinchada” de “El Chapo”: una evidencia más de la subcultura del narco. Después de la captura de “El Chapo” Guzmán, acaecida el pasado 22 de febrero, el escepticismo manifestado por diversos sectores de la ciudadanía sobre cuestiones desde la veracidad de la identidad del detenido, hasta sus repercusiones reales en el mejoramiento de la situación de inseguridad en el país, hicieron que el acontecimiento se diluyera con mayor rapidez de la que la misma autoridad tal vez esperaba. Sin embargo, este “gran golpe” –como calificó el hecho el ex presidente Calderón, cuya administración fue “incapaz” en seis años, no de capturar a Guzmán Loera, sino de debilitar al cartel de Sinaloa—ha sido acompañado por un fenómeno en realidad poco sorprendente en la entidad natal del narcotraficante. Una serie de manifestaciones en localidades como Guamúchil y Culiacán pidiendo la liberación o, en su defecto, la no extradición del capo a Estados Unidos, son una mínima ilustración de cómo el fenómeno del tráfico de drogas ha tenido repercusiones sociales más allá de la criminalidad. En un estado donde su Palacio de Gobierno prácticamente comparte predios con el símbolo de la subcultura del narco (la capilla dedicada al “santo” Malverde), la vinculación entre narco, autoridad y sociedad se hace más evidente, aunque no es privativa de esas tierras. ¿Qué repercusiones tiene este “tergiversado” concepto del tejido social en la eficacia de la actual estrategia del combate al narco? ¿Cómo llenar los vacíos tanto de “liderazgo delictivo”, como de generación de “economía del narco”?
3-El escándalo de Oceanografía: ¿otro “golpe de autoridad”? Aunque la reaprehensión de “El Chapo” no tuvo efectos prolongados en cuanto a loas para la presente administración federal, la PGR no tardó mucho en darle otra joya mediática a la opinión pública con el caso de Oceanografía y el posible involucramiento de Manuel y Jorge Bibriesca Sahagún en operaciones fraudulentas. Dicha empresa, si bien es propiedad de Amado Yáñez, habría sido beneficiada por las gestiones de los hijos de la ex primera dama del país, a fin de obtener contratos con PEMEX equivalentes a casi 6 mil millones de pesos. Estas revelaciones dadas a conocer por la comisión especial creada en Cámara de Diputados para investigar posibles malos manejos de Oceanografía, se complementa no sólo con un reporte de la multinacional Citi donde se menciona un fraude de la empresa de Yáñez en contra de su subsidiaria en México, Banamex, por alrededor de 360 millones de dólares (antes de impuestos), sino a la confirmación por parte del procurador general, Jesús Murillo, de que se indaga un eventual delito de lavado de dinero. La cuestión se complica al ver que Citi y Banamex estarían siendo investigados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) estadounidense por violaciones al secreto bancario e, igual que la PGR, por lavado. El ex presidente Vicente Fox, padrastro de los Bibriesca, ha señalado que su familia está tranquila y esperando se aclare la situación y se castigue a los responsables. ¿Será éste un acto de justicia, una amenaza política, una señal para futuros inversionistas en el sector petrolero, la preparación de un golpe contra personas vinculadas a panistas que los panistas no se atrevieron a dar desde el gobierno, o una mezcla de todas las anteriores?
4-El arranque de la elección interna en el PAN. El 2 de marzo, tras poco menos de tres meses de estar ejerciendo su cargo en una situación irregular (su periodo oficial habría terminado en diciembre de 2013), Gustavo Madero ha solicitado licencia (de hecho, este término también podría ser jurídicamente impreciso) como presidente nacional del PAN. El propósito del chihuahuense es formalizar su candidatura con el propósito de cumplir el breve periodo, acordado por los panistas, que durará la siguiente dirigencia partidista, el cual culminaría poco después de los comicios federales de 2015. Madero enfrentará como principales adversarios al todavía hoy senador en funciones, Ernesto Cordero, quien será acompañado en su fórmula por el ex gobernador de Guanajuato (y vinculado con la organización conocida como “El Yunque”), Juan Manuel Oliva. El proceso que concluirá el próximo 18 de mayo perfila un escenario de ventaja a favor del actual presidente nacional, aunque Cordero no vacila en presumir una amplia delantera de su parte en lo que él llama las “encuestas parejeras”. El retiro de la contienda–no declinación hacia nadie—de Josefina Vázquez Mota hace unos días, no necesariamente implicaría un fortalecimiento de un eventual frente anti-maderista. Cordero no sólo encarará los obstáculos propios de su perfil vinculado con el ex presidente Calderón, sino una serie de cuestiones relacionadas con el diseño de la elección, las alianzas que Madero ha consolidado con varios operadores del partido, y el control económico del mismo. ¿Estará el PAN rumbo a la sucesión, a la secesión, o a la calma?
5-El Tren Interurbano (TIU): ¿en qué poner atención? El 28 de febrero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó las bases de licitación del TIU, el cual correrá entre Zinacantepec, una localidad al extremo poniente de la zona metropolitana de Toluca, y la zona del metro Observatorio, la cual podría convertirse en un multimodal complementado por la Central de Autobuses del Poniente de la Ciudad de México. La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación el próximo 14 de marzo, aunque ya hay algunas empresas interesadas en participar en el proyecto como Bombardier (una de cuyas divisiones tiene una larga experiencia en el desarrollo del metro capitalino) y CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Si bien la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario está a discusión en el Senado –donde, por cierto, tendrá lugar un foro sobre el tema en próximos días en la sede de Reforma—, el futuro de ésta no parece afectar de manera fundamental al TIU. No obstante, sí hay cuestiones donde será primordial poner atención, sobre todo en lo referente a impacto medioambiental (transitará a través de las reservas boscosas del poniente del Distrito Federal y parte del Estado de México), planeación urbana (el riesgo latente de la instalación de asentamientos irregulares –con potencial de regularizarse ulteriormente—a lo largo de la vía), uso de derechos de vía, entre otras (sin mencionar la transparencia en las licitaciones). ¿Cuáles son las ventajas de esta obra? ¿En qué se debe tener cuidado para no repetir el fracaso del Tren Suburbano?
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