En estos días previos a las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa –para católicos y algunas iglesias cristianas—, un observador de la política nacional como su servidor, lo natural sería estar clamando y suplicando por uno o varios milagros. El panorama no es halagüeño por ningún lado. El escenario lo componen el horror de personajes impresentables que coquetean de forma peligrosa con la impunidad, el cinismo de políticos y empresarios que apuestan al olvido y la desmemoria histórica a fin de expiar sus culpas, la perversión de un sistema partidista que no abona nada a la construcción de un sistema democrático poco consolidado, la plétora de actividad legislativa que dice querer modificarlo todo para bien y que, en la práctica, podría dejar las cosas igual para bien o para mal, así como el regreso a conductas centralizadoras del poder solapadas por una sociedad civil organizada conformista y, en el mejor de los casos, cautelosa. El via crucis por el cual transita la promesa de “mover a México”, podría estar encaminando el destino del país a su crucifixión. La “buena noticia” es que esto suele suceder cíclicamente en México a lo largo de su historia. La pregunta ahora es si seguiremos con la suerte de resucitar por enésima vez.
1-El PRI y el viejo truco de “cortarle los callos a las garras”. Dos hechos relevantes han llamado la atención en la última semana involucrando, por un lado, a quien se ha apoderado desde hace varios años de la estructura del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, y, por el otro, a quien fungió por seis meses como gobernador de Michoacán y, hasta apenas unos días atrás, como secretario general de gobierno de dicha entidad, Jesús Reyna. En distintas magnitudes, por diferentes circunstancias, y con disímbolos desarrollos, el arraigo del michoacano dictado por la PGR y el escarnio al que múltiples priistas han sometido al ex líder capitalino de su partido, pudieran ser interpretados desde varias perspectivas. El PRI quisiera que la opinión pública lo leyera como una señal de cambio y depuración en sus filas. La oposición (si no estuviera “tan distraída” como bien describe Carlos Puig en su columna de este 7 de abril en Milenio) podría encontrar terrenos fértiles para alzarse en contra de la falsa imagen del “nuevo PRI”. Sin embargo, todo indica que el desenlace en ambos casos será el mismo: se “castiga” a la cara más visible de una conducta ilícita, pero jamás se va a fondo para desenmarañar algo de mayor gravedad, con más involucrados y, potencialmente, con afectaciones a funcionarios o personajes de mayor envergadura política. ¿Será que, a diferencia de sus antecesores panistas, las actuales autoridades volverán a la añeja costumbre de los “chivos expiatorios” para solventar potenciales golpes contra su imagen?
2-El caso de Gutiérrez de la Torre: la “prueba de fuego” para las leyes contra la trata de personas. Después de haber vuelto las acusaciones por presunta trata de personas contra el ex líder priista en el Distrito Federal, tras un reportaje presentado en MVS Noticias a finales de la semana pasada, el tema de las redes de prostitución y lenocinio retomó auge. El pasado 14 de marzo, entró en vigor en el D.F. la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual, en teoría, fortalece el marco jurídico enfocado en proteger a las víctimas, aclara medios comisivos, y estipula agravantes cuando los agresores son funcionarios o integrantes de una organización civil (como un partido político). Si bien el PRD ha presentado una denuncia de hechos contra Gutiérrez de la Torre, y que la procuraduría local ya se encuentra investigando el caso, hasta el momento “no ha podido acreditar la comisión de delito alguno” (por cierto, el “agraviado” también tramitó un proceso “contra quien resulte responsable por los cuestionamientos contra su persona”). Aunque el manejo mediático del hecho se ha ido más hacia lo político, no debe soslayarse el problema más importante: ¿hasta cuándo irá en serio el combate contra esta clase de ilícitos cometidos en detrimento de la más básica dignidad humana? ¿Es suficiente el marco legal recién aprobado para inhibir esta práctica?
3-La Ronda Cero… transparencia. Desde el cierre de su primera etapa el 20 de marzo, el proceso de asignaciones de proyectos y campos de explotación en carácter de preferente a los cuales tendrá derecho Petróleos Mexicanos en virtud de lo estipulado en la reforma energética, ha adolecido de una enorme opacidad. La información ha fluido a cuentagotas y con poca precisión, haciéndola confusa y, por tanto, con un amplio potencial de generación de incertidumbre. Ciertamente, lo más amarrado es aquello que de facto se sabe no ha solicitado PEMEX, destacando la mayoría de los potenciales yacimientos en aguas profundas y las cuencas de hidrocarburos de lutitas. A pesar de ello, los datos y declaraciones suelen ser contradictorios, como lo fueron los señalamientos de la subsecretaria de hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER), Lourdes Melgar, quien dijo que, de lo pedido por PEMEX, en caso de aceptarlo, daría a la aún paraestatal el potencial se continuar produciendo a niveles de 2.5 millones de barriles diarios hasta 2050. Cuando se publicitaba la urgencia de la apertura energética, prácticamente se condenaba a la futura “empresa productiva del Estado” a una vida útil de menos de una década. Por otra parte, PEMEX solicitó 31 por ciento de los recursos prospectivos, lo que dejaría abierto el resto, ya sea a la inversión privada o a la posible concreción de alianzas público-privadas. Ahora bien, ¿en verdad los potenciales inversionistas están “a ciegas” en este proceso que ha corrido sin reglas claras, o sea, sin legislación secundaria? Si sí lo estuvieran, ¿qué tanto puede inhibirse la inversión con este modus operandi? Si no lo estuvieran, ¿qué tanto abona esto a la competencia y la transparencia?
4-Y Tamaulipas, ¿no existe? Tras el reporte de 14 muertos (algunas versiones de prensa indican que pudieron ser hasta una veintena) en Tampico, Madero, Mier y Miguel Alemán, como resultado de enfrentamientos entre civiles, presuntamente integrantes de bandas del crimen organizado suscitados la noche del sábado 5 de abril, la atención volvió por unos instantes a Tamaulipas. En total, la semana anterior se registraron 35 asesinatos en este contexto delictivo. Como es conocido, no tanto por las notas periodísticas nacionales de los meses recientes –cuya intensidad ha disminuido de forma considerable—, sino por someros testimonios de medios locales y hasta de personas con contactos familiares y profesionales en dicha región, la entidad tamaulipeca podría ser la más peligrosa e ingobernable de todo el país. El gobernador Egidio Torre Cantú, quien además llegó a ese cargo después de haber tenido que suplir a su hermano como candidato del PRI cuando éste fue asesinado en plena campaña hace un par de años, ha manejado un bajo perfil intentando dar una imagen de control de la situación. De hecho, ante los acontecimientos violentos del fin de semana anterior, Torre Cantú los justificó como eventos extraordinarios producto de las acciones de las fuerzas federales que, unos días antes, habían capturado a dos importantes líderes del Cártel del Golfo, Jesús Alejandro Leal, “El Simple”, y Javier Garza Medrano, “Comandante 14”. Desde hace varios meses opera el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) encargado de manejar las operaciones conjuntas entre fuerzas estatales y federales. Sin embargo, no parece haber visos de intervenciones como la del Estado de México, ni mucho menos como la de Michoacán. ¿Qué criterio hará que los gobiernos federal y tamaulipeco no estimen conveniente una medida más drástica? ¿Qué seguridad puede garantizársele a los inversionistas del sector energético que potencialmente se instalarán en la entidad?
5-Las instituciones del Distrito Federal en crisis de aprobación. El diario Reforma publicó este lunes 7 de abril su encuesta sobre los niveles de aceptación, tanto de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, como del trabajo de la Asamblea Legislativa (ALDF). En ambos casos, los números son deplorables. Respecto a Mancera, apenas 39 por ciento de los ciudadanos daban el visto bueno a su gestión. Para los legisladores locales, los números son todavía peores, alcanzando 35 por ciento. Asimismo, el levantamiento de opinión emitió otro dato interesante. Al utilizar el icónico caso de la línea 12 del Metro y el escándalo de corrupción alrededor de la misma –en el cual hoy ya no queda claro si fue un error en la licitación, negligencia en el mantenimiento de la obra, o una combinación de estos y otros factores—, se encontró que 81 por ciento de los encuestados dijeron que los responsables quedarán impunes (un claro voto de desconfianza al sistema de justicia), mientras que 76 por ciento señalaron su desaprobación frente a la forma en que la autoridad ha manejado esta crisis. Con una metrópoli que casi funciona de manera inercial, donde parece que todo mundo ejerce sus reglas como le viene en gana (transportistas, autoridades delegacionales, ciudadanos en general, entre otros), y con partidos políticos de oposición envueltos o en escándalos como el PRI, o en aletargamientos como el PAN, el panorama para poner orden en la capital no es halagüeño. ¿Cómo se pueden interpretar los números de la encuesta mencionada? ¿Estará en verdad preocupado Mancera por este desplome de su popularidad? ¿Estará perdiendo la oposición capitalina la gran oportunidad de recuperar espacios frente al PRD y sus aliados?
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