Entre el 23 y el 27 de junio se lleva a cabo en la Ciudad de México la Semana Latinoamericana del Agua, preparatoria para el VII Foro Mundial del Agua a realizarse en Corea en 2015. No deja de resultar paradójico que dicho evento continental tenga como marco una urbe con una enorme problemática en su materia de discusión. Y no sólo son los conflictos derivados de los cada vez más impresionantes y desquiciantes encharcamientos en la capital, los cuales, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se deben a una infraestructura deficiente en captación y desazolve. El manejo de los recursos hídricos de la entidad es un tema complejo que atañe al abasto, distribución, aprovechamiento, saneamiento, costos y, por supuesto, intereses políticos concernidos. Más allá de la escasa atención mediática que se le da al problema, es importante subrayar la necesidad de romper inercias históricas en toda la cadena de abastecimiento del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) que dificultan la captación del recurso, el transporte de agua potable, el tratamiento en grandes volúmenes, y el correcto drenado y expulsión de la cuenca.
El problema de la gestión del agua no puede tener una solución simple o única. Por décadas, la desbordada explosión demográfica y el caótico ordenamiento territorial del Distrito Federal ha promovido la sobreexplotación de sus acuíferos. Esto, por un lado, ha vuelto necesario el transporte de agua de otras cuencas situadas en el Estado de México y Michoacán; por el otro, ha ocasionado un paulatino hundimiento del suelo que encarece la provisión del agua, haciendo indispensable el incremento en la infraestructura de bombeo, cuyo costo consume la misma electricidad que toda la ciudad de Puebla. Asimismo, los crecientes desniveles en la ciudad dificultan la función de escurrimiento a través del sistema de drenaje y alcantarillado (todo ello sin mencionar la obstrucción de los alcantarillados por las toneladas de basura que los capitalinos tiran a diario en la vía pública). Por si fuera poco, la atención del creciente déficit de infraestructura, que representa el 70 por ciento del costo de la gestión del agua, así como su obsolescencia –que produce una pérdida del recurso de hasta 42 por ciento en el SACM-, se convierte en una verdadera quimera política ante las paupérrimas tarifas que mantienen un subsidio generalizado.
Debido a estas múltiples carencias, se requiere un plan integral que considere la participación tanto del gobierno del Distrito Federal, del federal, e incluso de las entidades circunvecinas. Los cambios más trascendentes se vislumbran principalmente en: i) el diseño e implementación de programas metropolitanos de gestión hídrica; ii) cambios legales que regulen los ordenamientos territoriales y deleguen correctamente derechos y obligaciones –el alcance llega hasta reformas constitucionales; y, iii) el replanteamiento de los esquemas tarifarios que regulan la actividad en toda la cadena. Adicionalmente, existe una complejidad asociada a la coordinación institucional en todo el SACM. Por ejemplo, la protección de los acuíferos –que procura la cantidad y calidad del agua –no recae en el mismo organismo que opera la provisión del servicio de agua potable o el saneamiento. Peor aún, mientras que la responsabilidad del drenaje de aguas de lluvia corresponde a los municipios por mandato constitucional, cuando el drenaje tiene lugar a través de una corriente natural, la responsabilidad recae en el gobierno federal. De esta forma, más allá de las carencias del SACM, las distintas fases del escurrimiento exigen una gestión titánica.
El reto es, pues, desarrollar un Sistema de Gestión Integral del Agua que se extienda a los distintos órdenes de gobierno de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), y que cuente con un entramado institucional metropolitano que deposite en una o varias entidades reguladoras la operación del drenaje y las plantas de tratamiento de la ZMVM y la planeación, construcción y operación de las obras de infraestructura. Es indispensable también permitir que cada operador a nivel municipal atienda la distribución del agua potable y el alcantarillado. Sólo así podría fomentarse la consistencia en la política de planificación y operación del sistema de aguas de la megalópolis. Urge dimensionar el desafío.
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