Entre octubre de 2013 y junio de 2014, poco más de 51 mil niños y niñas, quienes en su mayoría viajaban solos provenientes de México y los países centroamericanos, fueron detenidos en su intento por ingresar a Estados Unidos. El destino de estos pequeños ha sido el encierro provisional en los centros de detención migratoria del gobierno estadounidense, donde la mayoría espera a ser deportados. La situación ha sido declarada una emergencia humanitaria: miles de infantes inmersos en la incertidumbre y países que son incapaces de ofrecer respuestas convincentes. Ante un fenómeno tan complejo y por momentos tan desatendido como el de la migración, ¿es posible esperar algún cambio en el corto plazo?
El aumento constante que se observa en la migración de niños centroamericanos hacia el norte tiene diversas razones. Una de ellas son los índices de violencia en la región, en particular en naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los mareros y otros grupos criminales asolan a la población. Las familias prefieren enviar a sus hijos a una peligrosa aventura rumbo a territorio norteamericano, en vez de arriesgarlos a permanecer en sus comunidades de origen donde son víctimas de las amenazas delincuenciales. Otro factor son las falsas promesas que ofrecen tanto traficantes como tratantes de personas quienes, tergiversando el espíritu de una confusa legislación de asilo en Estados Unidos y aprovechando el desconocimiento de la población, aseguran a los padres que sus hijos serán elegibles para una audiencia de inmigración bajo los parámetros de la Trafficking Victims Protection Reauthorization Act de 2008, y potencialmente obtener un estatus de asilados, justificando estar huyendo de la violencia en sus países. Sin embargo, además de que el volumen de niños es enorme y retrasaría meses y hasta años la posibilidad de que accedan a tal audiencia, el esquema sólo ha beneficiado a alrededor de medio millar de niños; la mayoría terminan deportados.
En días recientes, la administración Obama ha solicitado al Congreso de su país 3,700 millones de dólares con el propósito de atender la crisis. De ese monto, 1,100 millones serían para agilizar los procesos de deportación de los adultos que, en algunos casos, acompañaban a los niños, crear alternativas a la detención de los infantes migrantes, y financiar agentes migratorios estadounidenses para operar en América Central e inhibir los éxodos infantiles; 1,800 millones se invertirían en mejorar las condiciones de alojamiento de los migrantes y en asignar más jueces en materia de inmigración, los cuales estarían a cargo de encontrar “el mejor destino posible” para los pequeños. No obstante, este tipo de peticiones presupuestarias se topan con la constante queja de legisladores en el Capitolio respecto a lo que ellos consideran negligencia de los gobiernos de sus vecinos sureños –entre ellos el mexicano—por no emprender políticas eficaces encaminadas a reducir la expulsión de migrantes. Lo cierto es que la situación de este lado de la frontera dista de ser sencilla.
Para México, uno de los problemas fundamentales tiene su origen en la desatención de su frontera con Centroamérica. En dicha región, el estado de derecho es aún más endeble que en el resto del país. Esa zona puede describirse de facto como una región libre de tránsito, con cientos de kilómetros sin ninguna estación o control fronterizo, y donde la hay, la infraestructura es precaria y la corrupción rampante. Es una línea limítrofe que sólo existe en los mapas. Resolver la ausencia de legalidad en la frontera sur es muy complicado, sobre todo si se considera el hecho de que ello beneficia a un amplio grupo de intereses. La incertidumbre legal de la región es aprovechada por organizaciones delincuenciales, vinculadas con la trata de personas y narcotráfico, sin mencionar las múltiples denuncias contra presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Todo esto sin mencionar el galimatías que les espera a los migrantes en su tránsito por territorio nacional.
La migración es un asunto que muchas veces se presta para repartir culpas y evitar asumir la corresponsabilidad que implica. Por ahora está fuera de toda discusión la posibilidad de una reforma migratoria en la Unión Americana y parece ser que los países involucrados, desde Estados Unidos hasta Centroamérica, sólo están dispuestos a adoptar medidas paliativas. Dada su complejidad, la migración es un asunto que no puede erradicarse sino sólo manejarse. El conflicto está en que ni siquiera se ha logrado hacer eso. Lo que es seguro es que la crisis de la migración infantil ha convertido a la ley migratoria propuesta por, primero, el grupo de la “banda de ocho” senadores y luego, formalmente, por Obama, en un non sequitur. Otra oportunidad perdida.
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