1-El carnaval de las consultas populares: ¿para qué? Este 15 de septiembre venció el plazo para la presentación de firmas solicitando la celebración de consultas populares, correspondientes al ejercicio electoral federal de 2015. Ya tres partidos políticos habían cumplido y rebasado con creces el requisito de recabar por lo menos 1 millón 605 mil 120 firmas a fin de llevar adelante sus proyectos de consulta popular. En orden cronológico fueron el PRD (2.3 millones), MORENA (2.7 millones), ambos peticionando la derogación de la reforma energética, y el PAN (2.4 millones) preguntando acerca del aumento al salario mínimo. Por otra parte, justo en la fecha límite establecida por ley, el PRI dio muestra de su músculo de movilización al presumir poco más de 6 millones de firmas de respaldo a su propuesta de reducir diputados plurinominales y eliminar la Lista Nacional del Senado. Sin embargo, esto no resultó tan sorpresivo como otro par de acontecimientos sucedidos en los últimos días. Por un lado, el 12 de septiembre, senadores del PAN, PRD y PT promovieron una petición de consulta sobre la posibilidad de reducir a la mitad el salario del Presidente de la República y otros altos funcionarios federales, además de intentar desatorar la Ley de Salarios Máximos que se impulsó durante la administración del presidente Calderón y está congelada en el Congreso. Cabe recordar que la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) contempla que un equivalente a 33 por ciento de los legisladores de cada cámara puede pedir una consulta popular. No obstante, el proceso es distinto a cuando la solicitud se hace por la vía de firmas ciudadanas, ya que ésta deberá dictaminarse en la Comisión de Gobernación de la cámara de origen para después recibir la aprobación por mayoría de ambas cámaras del Congreso (art. 27 de la LFCP). Por otro lado, en la víspera del Grito de Independencia, ciudadanos encabezados por el ex diputado Gerardo Fernández Noroña entregaron un aviso de intención –no una petición formal—acerca de la realización de una consulta para revocar el mandato del presidente Peña. Al no haber presentado firmas, parece que el plazo se les agotó a estos interesados, aunque sus pretensiones seguro van por lo político y lo mediático. Al final, las consultas populares en ciernes parecen más una competencia para ver quién recaba más firmas, qué partido hace más ruido y, en el inter, cómo presionarán al Instituto Nacional Electoral, encargado de la validación de las firmas, y a la Suprema Corte de Justicia, con la tarea de declarar la constitucionalidad de las preguntas. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas de este escenario? ¿Qué utilidad real tiene este proceso?
2-La flexibilización del régimen de operaciones financieras en dólares estadounidenses: beneficios y retrocesos. En un acto un tanto deslucido llevado a cabo el pasado viernes 12 de septiembre en Reynosa, Tamaulipas, el presidente Peña y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hicieron dos anuncios relevantes. Primero, se decretaron modificaciones al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de atenuar diversas medidas que habían sido aprobadas desde 2010 que limitaban transacciones en dólares. Segundo, se cerraron nueve garitas en los estados de Coahuila, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, como parte de una política pública de la presente administración, la cual se enfoca en acelerar las revisiones aduaneras y eliminarlas en varias partes del territorio nacional. De hecho, el gobierno recordó cómo, a partir del pasado 1 de abril, se ha emprendido la eliminación de las inspecciones aduaneras a pasajeros en aeropuertos y terminales de autobuses. En lo concerniente al primer punto, varios empresarios han manifestado su beneplácito ante la medida, en particular por el levantamiento del techo de 14 mil dólares mensuales al cual estaban autorizados a manejar bajo el anterior régimen. Por su parte, el gobierno dice que esto no lesionará los esfuerzos en el combate al lavado de dinero, al prever mecanismos de supervisión respecto a los clientes y operadores de divisas, además de contar con registros fiscales de los mismos. En el mismo tenor, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez, destacó que los consumidores serán los principales beneficiarios del decreto al facilitar la compra-venta de bienes y servicios en moneda estadounidense. Sin duda, esto significa un guiño político a los empresarios de las zonas fronterizas, en especial las del norte de México, ante la inexorable negativa a volver al antiguo régimen especial del IVA. Ahora bien, esta medida va en consonancia con la derogación hace un par de años del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) y a otras políticas encausadas por el anterior gobierno federal en su afán por luchar contra el corazón financiero del crimen organizado. Aunque la Secretaría de Hacienda ha demostrado su intención de reforzar el sistema tributario y ejercer mayor control sobre los contribuyentes, por otro lado flexibiliza cuestiones que, en otro momento, se consideraron clave en la detección de ilícitos (como las revisiones aduanales o los límites a operaciones en efectivo). A la luz de la situación del país, ¿cuáles son las ventajas y riesgos de estas nuevas políticas?
3-La polémica de los presuntos conflictos de interés en la reforma energética. El próximo miércoles 17 de septiembre se someterá al Pleno del Senado de la República el dictamen que contiene las propuestas de nombramientos para los miembros “independientes” de los consejos de administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), así como las ternas para los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). La importancia de esto dista de ser menor, ya que se trata de las instancias directivas de las llamadas empresas productivas del Estado en el sector energético, de los órganos reguladores del ramo, y de la institución a cargo de administrar la que podría ser la bolsa de recursos más grande en la historia del país. Si bien los asientos independientes son minoría en muchos de los casos, su relevancia es fundamental como contrapeso a los integrantes provenientes del gobierno federal. Sin embargo, desde el anuncio de las propuestas del Ejecutivo, hasta las discusiones y comparecencias de algunos de los candidatos ante la Comisión de Energía senatorial, la polémica ha recaído sobre ciertos personajes. Las acusaciones se han centrado entre presuntos conflictos de interés y eventuales faltas en los requisitos solicitados por ley para ocupar determinados cargos. Independientemente de la validez o no de los cuestionamientos, hay dos puntos centrales a analizar. Primero, el endeble marco jurídico que define “conflicto de interés”, contenido en buena medida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y, segundo, las implicaciones de un desaseo en cuanto a dejar pasar omisiones o, incluso, falsedad de documentación, en la presentación de los requisitos para asumir posiciones tan relevantes en la toma de decisiones. ¿Cómo podrían incidir estos hipotéticos conflictos en el funcionamiento adecuado de las instituciones concernidas? ¿Se está perpetuando el precedente de privilegiar la decisión política sobre la legal (no se hable siquiera de lo meritocrático)?
4-La calma de Miguel Ángel Mancera. Como ha sucedido desde 1998, el 17 de septiembre es el día en el cual el jefe de gobierno capitalino se presenta ante la Asamblea Legislativa para pronunciar su discurso sobre el estado de la administración local. En el umbral de ofrecer su II Informe de Gobierno, Mancera encara un panorama peculiar. Con sus niveles de aprobación en el hemisferio opuesto al alto porcentaje de votación que lo llevó a ocupar el Ayuntamiento de la Ciudad de México, no queda del todo claro si Mancera Espinosa tiene o no rumbo, tanto en lo político, como en la entrega de resultados favorables de su gestión. Las críticas respecto a su cercana relación con el Ejecutivo federal parecen sustentarse en el contraste frente a una imagen de diferenciación que cultivaron sus tres antecesores. A pesar de ello, el actual mandatario de la capital asegura haber logrado mayor bienestar para el D.F. cooperando que oponiéndose a Los Pinos. Hace unos días, en una entrevista radiofónica, Marcelo Ebrard, titular de la Ciudad de México entre 2006 y 2012, acusaba a su sucesor de haberse convertido en una especie de regente, cuyo papel se remitía a acatar las decisiones desde Federación, en especial con los ejemplos de las nimias ampliaciones del Metro que se han proyectado en el presente sexenio, y la que, según Ebrard, fue una participación marginal en la toma de decisión para la construcción de la nueva terminal aérea sobre el vaso del Lago de Texcoco. Por el contrario, Mancera se vanagloria de hechos como la consecución del Fondo de Capitalidad, el cual ya será incluido como rubro específico por primera ocasión en el Presupuesto de Egresos 2015, y de la presunta voluntad del gobierno federal y su partido de desatorar las negociaciones de cara a la reforma política del D.F. En otro ámbito, al ex procurador capitalino se le ha cuestionado su falta de compromiso político con la izquierda institucional al negarse a adherirse a algún partido, sobre todo al PRD, pero, por otro lado, se le atacó en fecha reciente por haber operado en los comicios internos perredistas a favor de la corriente Nueva Izquierda, en contra de la otrora facción dominante en la capital, Izquierda Democrática Nacional, encabezada por René Bejarano. En la antesala de elecciones intermedias locales donde estarán en juego jefaturas delegacionales y la posibilidad de elegir asambleístas que, en un momento dado, pudieran convertirse en los constituyentes de la carta magna del Distrito Federal, el papel de Mancera será clave. ¿En verdad su relación con el Presidente de la República le está abriendo camino al avance del PRI en el D.F.? ¿Podrá el PRD (y Mancera) continuar siendo un freno para MORENA? ¿Estará el gobierno federal dispuesto a “tolerar” un PRD dócil en la Ciudad de México?
5-Los primeros (¿y los últimos?) 75 años del Partido Acción Nacional. Este 16 de septiembre, el PAN conmemora tres cuartos de siglo de su fundación. Demasiadas cosas han sucedido desde que personajes como Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna emprendieron un proyecto hacia lo que ellos denominaban “rehabilitación moral de la política”. Sin duda, el PAN surge como una reacción de la sociedad mayoritariamente conservadora de su tiempo (fines de la década de 1930) al agresivo esquema cardenista cuyo corte incluyó cuestiones como elevar a rango constitucional la educación socialista (cualquier cosa que ello haya significado), la consolidación de una estructura corporativista diseñada para alinear los cacicazgos y fuerzas vivas que de manera constante amenazaron la estabilidad del país tras la instauración del constitucionalismo, así como una relación sui generis con Estados Unidos, en la cual se buscó defender cierta identidad nacional sin romper del todo con los beneficios de estar en ese lado democrático del espectro político mundial. El PAN representaba a una incipiente clase media y empresarial que no tenía demasiados espacios en un sistema posrrevolucionario preocupado por la recuperación del control sobre la abrumadora mayoría de la población del país, es decir, las clases campesinas, obreras y populares. Con el paso del tiempo, y dada la evolución económica y política de la sociedad, los espacios no sólo se abrieron para el PAN, sino para varios de los intereses antes excluidos del poder y que encontraban refugio en Acción Nacional, pero que poco a poco fueron seducidos por el régimen autoritario. Cuando el modelo dio de sí, los panistas resultaron los abocados a liderar la alternancia, con sus beneficios y sus riesgos; éstos últimos, esbozados por los ideólogos panistas en distintas etapas de su existencia, acabaron por materializarse y hacerle más daño al partido del que imaginaban. La personalización del liderazgo partidista, la torpeza de la contradicción entre la crítica y el ejercicio del poder, el alejamiento de su base social, y su constitución como un vulgar medio para acceder a la función pública, son ilustración de los factores más importantes que han descarrilado al PAN de sus propósitos originarios. ¿Qué le espera a Acción Nacional en el futuro inmediato? ¿Restaurará su vocación opositora, pero propositiva, o sólo continuará navegando en las cómodas aguas de la inclusión sistémica a toda costa?
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