Cuando la semana pasada se anunció la realización de la serie de conferencias “Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional”, organizada por el Senado, hubo entre los oradores invitados una figura inusual. Como parte del acto inaugural, a llevarse a cabo el 30 de septiembre, el presidente Peña dirigiría una peroración, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, ante los legisladores en el recinto de Reforma. Lo mismo haría el ministro Juan Silva Meza como su homólogo en el Poder Judicial, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, en representación de la Comisión Nacional de Gobernadores y, por supuesto, Miguel Barbosa como presidente de la cámara legislativa anfitriona. Sin embargo, un grupo de senadores del PAN, en conjunto con los partidos de izquierda distintos al PRD, manifestaron su desaprobación respecto al formato del evento. La oposición exigió que la asistencia de Peña se condicionara a elegir una modalidad de participaciones donde el presidente pudiera ser cuestionado e interpelado. Al negarse la Mesa Directiva a la petición, las bancadas inconformes anunciaron su retiro de los actos. Finalmente, el Ejecutivo optó por enviar al secretario de Gobernación y finiquitar la controversia. Dados los antecedentes de la última década, en la cual el mandatario en turno ha debido de ir blindado o casi de incógnito a los recintos legislativos, el seminario en comento sería una especie de gran reencuentro entre el Congreso y la Presidencia de la República.
Aunque el rompimiento de las relaciones protocolarias entre esos Poderes de la Unión se achaca al conflicto entre la izquierda y los presidentes panistas, a partir del VI Informe de Gobierno de Vicente Fox, la ausencia de reconciliación se ha debido en buena medida al tercero en discordia: el PRI. Ante esta afirmación, los priistas podrían rebatirla al argumentar que fueron ellos quienes posibilitaron la toma de posesión de Felipe Calderón en diciembre de 2006. Esto es irrefutable. Igualmente cierto es que, si bien el tricolor le abrió las puertas físicas del Congreso a Calderón, mantuvo cerradas con doble llave las rejas que atrasaron las llamadas reformas estructurales por un sexenio entero. Sobra decir cómo ha sido diametralmente distinto con Peña. Resulta paradójico que, de los últimos tres inquilinos de Los Pinos, el único que jamás fue diputado haya sido quien lograra la interacción más fructífera con el Legislativo. En este caso, los panistas podrían justificarse subrayando que ellos nunca tuvieron las curules y escaños necesarios para aprobar reformas como las de la presente administración. No obstante, Peña tampoco las tenía. Con lo que sí contó fue con operadores de mucha experiencia en la gestión legislativa quienes, en retrospectiva, apabullaron a la oposición y capitalizaron de forma magistral la herramienta de control político-partidista encarnada en el Pacto por México.
Tras la aprobación de las once reformas fundamentales de la administración Peña, cuyo proceso solía criticarse desde los mínimos resquicios de la oposición legislativa, al presidente sólo le restaría “entrar en caballo de hacienda” al Congreso. Enrique Peña desarrolló su vida política respetando las tradiciones, emulando las conductas, y alimentando los simbolismos del más rancio estilo autoritario. Cuando los panistas decidieron, por causa de fuerza mayor, eliminar la ceremonia del Informe de Gobierno, mejor conocida como el “Día del Presidente”, los priistas vieron coartado uno de sus rituales más acendrados. Entonces, la inquietud por restaurar este tipo de demostraciones no es sorprendente del todo. Aun cuando se pensaría en un fracaso por no haber sido capaz de hablar en el seminario del 30 de septiembre, el Ejecutivo federal va sin prisa pero sin pausa a la reconquista del Legislativo. Haber estado flanqueado durante el mensaje alusivo a su II Informe de Gobierno por dos perredistas como presidentes de las respectivas cámaras del Congreso fue un primer y significativo progreso. Así las cosas, ¿se estará fijando como meta celebrar el III Informe de Gobierno en sesión de Congreso General, como no se ha hecho desde la última ocasión en 2005?
Los optimistas de la transición a la democracia están convencidos de que una restauración como tal del presidencialismo a ultranza es casi imposible. Su hipótesis es que las instituciones creadas y/o consolidadas a lo largo de los últimos veinte años, no permitirían cimentar un piso firme para volver a erigir una figura presidencial cuasi omnipotente en términos políticos. Los amargados opinarían que, peor aún, esa institucionalidad tan loada sólo legitimaría el ejercicio de una nueva modalidad de control, sí distinta al autoritarismo, aunque muy parecida. En cualquier caso, Peña y el PRI parecen estar listos para aceptar el reto.
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