La caída en el precio internacional del petróleo ha sido siempre una mala noticia para las finanzas públicas de México. Entre 3 y 4 de cada 10 pesos gastados por el gobierno provienen de los ingresos petroleros. La caída del valor del crudo se debe principalmente a factores externos, en particular por un aumento de la oferta mundial, el cual ha sido impulsado por el incremento de producción de Estados Unidos –país interesado tanto en reducir a lo mínimo su dependencia energética del exterior, como en mantener los precios de los combustibles bajos con el propósito de presionar a Rusia y reducir sus ingresos por venta de crudo y gas—y la estabilidad de los niveles de extracción en los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). También ha incidido la contracción de la demanda mundial de hidrocarburos debido a un menor crecimiento de la economía de la República Popular China y al bajo desempeño de la mayoría de las economías europeas. La caída también entraña una oportunidad para que Arabia Saudita mine el poderío iraní, igualmente dependiente de altos precios del crudo.
Justo ahora que el contexto internacional se complejiza no sólo en el tema de los hidrocarburos, sino en el económico en general, México está en pleno proceso de discusión del Paquete Económico 2015. Como es sabido, dos de los parámetros más importantes a considerar a la hora de hacer las cuentas presupuestarias son el tipo de cambio peso-dólar –el cual ha alcanzado en estos días niveles superiores a los 13.40 pesos por dólar—y el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME). Inicialmente, la propuesta del poder Ejecutivo estimó el precio de la MME en 82 dólares por barril. Después, la Cámara de Diputados ajustó el precio a 81 dólares y, poco tiempo más tarde, la misma Secretaría de Hacienda (SHCP) propuso fijar el indicador en 79 dólares. Así las cosas, ¿cuáles serán las implicaciones presupuestales de este ajuste?
La pregunta por sí misma tiene relevancia, pero adquiere un cariz particular al considerar que 2015 es un año electoral. El gobierno federal, las autoridades locales, y los partidos políticos están más ávidos de recursos que de costumbre. Con esto en mente, la pérdida en la recaudación esperada que implicaría el ajuste sobre el precio del petróleo, sumaria alrededor de 11,400 millones de pesos –aproximadamente el presupuesto anual de todo el Poder Legislativo. Sin embargo, dicho monto podría incrementarse, pues la MME sigue marcando una tendencia bajista; tan sólo en el último mes su precio tuvo un retroceso de 16 por ciento. De acuerdo con datos de Grupo BBVA Bancomer, se estima que por cada 10 dólares de descenso en el precio de la MME, los ingresos públicos pierden un equivalente a 0.2 por ciento del PIB.
Por si fuera poco, el método utilizado para calcular la estimación no es transparente, lo que dificulta verificar su solidez técnica. La probabilidad de error no es baja si se considera el historial reciente de fallas en los pronósticos de la SHCP- como ha sucedido en el caso de las estimaciones equivocadas sobre el crecimiento de la economía mexicana o, en el pasado, con los efectos de presuntos “catarritos”. Además, de acuerdo con Goldman Sachs y el principal inversor de bonos, Jeffrey Gundlach, el precio bajará a niveles de 70 dólares por barril. Inclusive Venezuela, país reconocido mundialmente por una baja responsabilidad en el control de su economía, ha fijado un precio conservador para su presupuesto 2015, en un nivel de 60 dólares por barril, casi 20 dólares por debajo de lo sugerido por la SCHP. Un dato inquietante.
Esto justifica la necesidad de que México cuente con un seguro de cobertura, a fin de sortear los riesgos de un eventual desplome mayor del precio de la MME. Ciertamente, dicha cobertura está en proceso de negociación, pero su costo es sumamente oneroso. En 2014, los costos de la cobertura se cubrieron con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) y se estableció una garantía de 85 dólares por barril. De acuerdo con datos manifestados por el subsecretario de Ingresos de SHCP, Miguel Messmacher, PEMEX reporta un precio promedio de casi 95 dólares, lo cual ha hecho innecesaria la activación del seguro. El 22 de octubre, en una reunión de trabajo ante Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, Messmacher también aseguró que el tipo de cambio peso-dólar y su comportamiento donde hay un dólar apreciado, genera un diferencial a la alza que puede llegar a compensar una eventual subestimación del precio del petróleo.
Si bien la lógica de los funcionarios de Hacienda parece impecable en la retórica, la realidad suele dar desencantos. El riesgo de esto es que, de no ser sustentables estas ecuaciones de balance presupuestario, es muy probable la aparición de una tentación a la que los gobiernos del PRI tienden a ser proclives: la contratación de deuda y el aumento del déficit. Aunado a ello, en un año electoral, el incentivo a gastar a diestra y siniestra para financiar proyectos políticamente atractivos es alto. También habrá que tomar en cuenta las grandes expectativas –que hoy no pasan de ser eso, expectativas— sobre las inversiones que derivarán de la reforma energética. México ya ha vivido escenarios donde se confía en “administrar la abundancia” y se termina más bien por controlar daños.
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