La defensa a ultranza que el gobierno federal ha hecho de las reformas estructurales que “moverán a México” durante los próximos años, no ha sido suficiente para contrarrestar la realidad: el crecimiento económico publicitado aún no llega. Es por ello que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se vio forzada a recortar su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto para 2014, al situarlo en un rango del 2.1 al 2.6 por ciento. Como reacción a esta situación, el presidente Peña anunció una serie de medidas, entre las que destaca la creación de tres zonas económicas especiales (ZEE) en el Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas y los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De acuerdo al Ejecutivo, la lógica del establecimiento de estas tres ZEE es que la región sur del país, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, es una zona sin paz que requiere desarrollo de infraestructura, recepción de inversión, generación de empleo y promoción de la actividad económica para revertir la descomposición social que la azota. Al respecto cabe cuestionar: ¿son realmente las ZEE un buen instrumento de política económica que reduzca los conflictos sociales y políticos en tales entidades federativas? ¿Qué elementos se constituyen como obstáculos para que las ZEE sean efectivas y consigan los objetivos marcados por Peña? Y, ¿qué potenciales consecuencias no deseadas produce una medida como ésta?
Las ZEE son un instrumento utilizado para estimular el crecimiento económico de ciertas regiones a través de la creación de un ambiente propicio para el desarrollo industrial. Es cierto que existen casos de éxito a nivel internacional en los que el establecimiento de una ZEE incrementó la competitividad de las empresas de la zona. No obstante es, a lo menos aventurado, presuponer que establecer una ZEE en una región culturalmente heterogénea y marcada por condiciones de pobreza y vulnerabilidad puede promover la reducción de la –creciente– brecha de productividad y desigualdad económica que impera entre la región sur y norte del país.
Uno de los principales obstáculos para que una ZEE funcione en las regiones propuestas por Peña es la débil estructura de capital humano existente en la región. Si bien se anunció un paquete de apoyo a la formación de jóvenes y programas de becas y de investigación científica, esto puede no ser suficiente cuando se trata de las regiones con los rezagos educativos –desde los niveles más básicos– más pronunciados del país y que, al no ser centros industriales desarrollados, se constituyen como un polo poco atractivo de talento foráneo. Otro reto es cómo se garantizará la inversión que se promoverá hacia estas regiones, si están cooptadas por el crimen organizado y por actores que están acostumbrados a operar bajo un velo de impunidad.
Por otra parte, el establecimiento de las tres ZEE propuestas puede provocar dos efectos negativos. El primero de ellos está ligado a la creación de una red clientelista en el desarrollo de la infraestructura requerida en la región, de la cual es virtualmente imposible escapar. Al requerirse ingentes flujos de inversión, ¿a qué tipo de empresas se beneficiará? ¿Cómo se garantizarán procesos de licitación de proyectos transparentes que produzcan un beneficio social y no sólo uno privado? Finalmente, el establecimiento de las ZEE parece ser contrario al espíritu de la controvertida iniciativa de decreto que expide la Ley de Productividad y Competitividad, ya que con ello se “premia la improductividad” a través de la generación de marcos regulatorios repletos de incentivos fiscales para las empresas. ¿Qué señal representa esto entonces para las empresas que de facto son productivas?
La creación de las tres ZEE es otra forma de gasto público clientelista con una retórica que va más allá del fomento de la competitividad de regiones y sectores específicos, incluyendo así la atención de conflictos sociales que tienen un origen económico. Este retórico rescate del Sur es pues otro de los tantos instrumentos de política de la inadecuada estrategia económica del gobierno federal. Por si lo anterior no fuera poco, las consecuencias macro económicas del gasto implícito en el proyecto son monumentales, potencialmente recreando una situación crítica en las finanzas públicas, algo que ya parecía erradicado en el país.
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