El pasado 16 de enero, la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Distrito Federal (COPARMEX-DF), dio a conocer la campaña #NoVotesporChapulines, en referencia a diputados locales y jefes delegacionales que soliciten licencia para contender por un nuevo cargo de elección popular. También se pronunciaron por la elaboración de una lista donde aparezca la trayectoria de dichos aspirantes, poniendo énfasis en caso de existir algún antecedente vinculado con actos de corrupción. A estos anuncios por parte del empresariado capitalino se suman otras manifestaciones similares a lo largo del país, como el impulso que pudieran ofrecer algunos empresarios de Nuevo León a potenciales candidatos independientes a la gubernatura de su entidad, el aparente alejamiento de las opciones partidistas, además de constantes reclamos a las autoridades locales –emanadas tanto del PRI como del PAN—respecto a temas como la inseguridad y el endeudamiento público rampante. En este contexto, los desencuentros entre la clase política y la clase empresarial no son para nada nuevos en México. Sin embargo, las desavenencias ya no se centran en exclusiva contra tal o cual partido o funcionario, sino que ahora hacen eco de un repudio creciente en amplios sectores de la sociedad contra los abusos de poder encarnados en fenómenos como la corrupción, la eternización en la nómina pública vía el “chapulinismo”, la impunidad, y el cinismo. Ante estas situaciones es pertinente analizar cómo se encuentra en general la relación gobierno-empresarios, sobre todo de cara a la intensa temporada electoral rumbo al próximo 7 de junio.
Aunado a la inconformidad manifestada por el desempeño de autoridades locales, el gobierno federal no ha estado en lo absoluto exento de la crisis de credibilidad de la clase política, en particular dado el cúmulo de eventos políticos, económicos y sociales de los últimos meses de 2014, los cuales resultan igualmente ilustrativos y sintomáticos de lo que ocurre con la imagen de munícipes, gobernadores y, por supuesto, de la partidocracia en general. El alzamiento de voces denunciando las arbitrariedades de los políticos está desatado. El sector empresarial no ha sido la excepción. De esta manera, ante el proceso electoral de este año, algunas organizaciones de empresarios han decidido desempeñar un papel activo y abierto a fin de hacerse escuchar. Para tal propósito, es posible identificar dos hojas de ruta primordiales. La primera, se sustentaría en el impulso, casi experimental, al mecanismo de las candidaturas independientes. A la luz de los obstáculos que representa financiar una campaña fuera de la estructura presupuestaria de un partido político, el dinero de patrocinadores –legales y bajo el cumplimiento de la normatividad electoral, claro está— resulta casi condición necesaria para que un ciudadano apartidista pueda ser competitivo en unos comicios (a menos de que posea una buena fortuna personal o, en su defecto, sea una especie de “chapulín” en desgracia, sin partido, pero con estructura).
La segunda ruta es más explícita, como lo ha demostrado la campaña de la COPARMEX-DF, haciendo un llamado abierto a no votar por determinados candidatos. Esta estrategia de incidencia, aun sin haber publicado la prometida “lista negra” de aspirantes, no sólo desencadenó reacciones inmediatas, en especial desde el perredismo gobernante en la Ciudad de México, sino que ya fue cuestionada por el propio presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), quien expresó que un llamado a no votar o la denostación contra algún aspirante (aunque suela confundirse difamar con evidenciar hechos) estaría transgrediendo la ley electoral. A este respecto, cabe anotar que la ambigüedad de la norma daría cabida a interpretaciones que limitarán e, incluso, castigarán pronunciamientos como el propuesto por la cámara empresarial capitalina.
Si bien en ambos casos, candidaturas independientes y campañas explícitas, surgen interrogantes sobre los límites a la influencia de un sector con tal poder de difusión, se debe subrayar que los empresarios, como cualquier grupo o ciudadano individual, no están obligados a ser neutrales o permanecer pasivos. Por el contrario, la participación activa de más actores en el proceso es, en teoría, benéfica para la democracia. Además, siempre será preferible un esquema de ejercicio de libertades, que uno de complicidades, colusión y arreglos en la oscuridad de la sospecha.
Por último, es justo mencionar que la propia clase empresarial enfrenta problemas de credibilidad en el mensaje. Esto se evidencia al intentar presentarse separada y enfrentada a los actores políticos, en momentos en que se suman nuevos escándalos de corrupción surgidos justamente del vínculo demasiado estrecho entre algunos empresarios y funcionarios públicos del más alto nivel. Algo queda claro: estos esfuerzos rebasan temas electorales o de construcción de ciudadanía. En el fondo, se manifiesta la disputa por el control del juego ante la falta de respuesta del sistema actual. Simple y llana defensa de intereses.
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