El pleno del Senado recibió esta semana de la Cámara de Diputados la minuta que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, con el que se pretende prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y personas morales. Algunas de las principales propuestas de la legislación son la creación de un comité que coordinará el sistema anticorrupción (la interacción entre la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el IFAI y otros tribunales), el fortalecimiento de las atribuciones de la ASF para investigar las finanzas de los gobiernos locales en periodos de tiempo más extensos, la utilización de la extinción del dominio cuando se compruebe el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y que sea el Tribunal de Justicia Administrativa quien sancione a los privados como a los funcionarios gubernamentales que cometan faltas administrativas severas. Al repasar las funciones que tendrá este sistema, quedan dos interrogantes: ¿dónde están las funciones de control preventivo y de diagnóstico? ¿Este mecanismo va a restablecer la confianza o solamente creará más burocracia?
Aunque varias de las propuestas arriba mencionadas contribuirán a una mayor transparencia de algunos procesos, exhiben uno de los problemas más evidentes de la actual administración y de la clase política en general: su falta de diagnóstico correcto a los problemas de México. En esencia todas las propuestas del SNA crearán más burocracia, requerirán de cuantiosos recursos para implementarse y son débiles para atacar las causas de la corrupción entre los funcionarios públicos porque no cambian los incentivos perversos de los involucrados.
Para explicar por qué la corrupción ha permeado a toda la sociedad mexicana hay que comprender que ésta se ha vuelto la mejor respuesta para cualquier ciudadano ante el exceso de atribuciones discrecionales de la autoridad. Sin importar el tamaño de la mordida, esta acción es eficiente para que un ciudadano se quite de encima al policía que quiere extorsionarlo sembrando pruebas, o para obtener la licitación que de otro modo ganaría una empresa de menor calidad que la suya pero que compró el proceso o inclusive para comprar lealtades del sistema de procuración de justicia y con ello poder abusar de otros ciudadanos. El SNA busca fortalecer a las instituciones otorgándoles mayores capacidades de sanción –como cuando se elevan las penas de homicidas o secuestradores –pero eso no servirá de mucho si no se modifican las causas originales de estas conductas. La corrupción es sintomática de un sistema caracterizado por la existencia de tantas leyes y reglas que le confieren amplias facultades a la autoridad; por lo que el potencial de abuso es inmenso y permanente. La impunidad ha facilitado que la corrupción ya no sólo sea un mecanismo para acelerar procesos burocráticos sino el modus operandi de la política nacional.
El SNA tendría que venir acompañado de un esfuerzo importante por empoderar a la ciudadanía. Se necesita de un gobierno que cuente con una burocracia más profesional que se adscriba al marco legal, pero se requiere antes una ciudadanía capaz de elegir a ese gobierno (sancionando a los partidos cuyos funcionarios incurran en prácticas corruptas). Una ciudadanía más informada podrá cimentar en el mediano plazo a un electorado más empoderado que rechace fervientemente la corrupción. Un cambio en los incentivos de las autoridades producto de una evaluación más seria de su desempeño en el poder puede generar nuevos cuadros cada vez más responsivos de los intereses de los ciudadanos.
Es difícil creer que la actual partidocracia mexicana tendrá voluntad de abanderar estos cambios, pero la presión social para contar con más información para evaluar a los gobernantes será indispensable para que así sea. Tal vez el temor de que la ciudadanía elija líderes populistas o mesiánicos resultado del hartazgo haga cambiar de parecer a la actual clase política mexicana.
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