La disputa con Cuba ya aburre. Para todo el que quiera verlo, es obvio que el gobierno cubano tiene solo un objetivo, su sobrevivencia, lo que le permite gran claridad de propósito. Tampoco está a discusión lo evidente: que sus funcionarios de primera línea son por demás experimentados, eficaces y efectivos, sobre todo cuando está de por medio la dignidad de su caduca revolución. El gobierno mexicano, por su parte, vive en la confusión. En ausencia de un proyecto político claro de gobierno da patadas de ahogado. Incluso cuando tiene plena razón y legitimidad, no parece poder articular una estrategia integral para emprender una acción de legítima defensa. Pero toda la habilidad y competencia de los cubanos está orientada al control de una población que se empobrece cada día más, en lugar de servir a su desarrollo. Por desastroso que sea nuestro sistema político actual y no obstante la incompetencia de nuestro gobierno, simplemente no hay punto de comparación. Lo nuestro es resultado de la falta de habilidad y disposición, respectivamente, de los poderes públicos; lo de allá es un esquema diseñado para preservar una entelequia.
La disputa y la parálisis que vive el país exasperan porque no llevan a ningún lado. Mientras que los mexicanos tenemos hambre de progreso, la realidad cotidiana va a contracorriente de nuestros deseos y necesidades más elementales. Por más que en Cuba haya logros importantes en educación y salud, la pobreza es persistente y la parálisis sistémica, pero lo de Cuba nos invita a ver todo lo que no estamos haciendo. Lo fácil es burlarse del ejecutivo, pero eso no resuelve los problemas que aquejan al país ni los desafíos que debemos enfrentar.
Los problemas de México son estructurales, razón por la cual se requiere de estadistas, en todos los ámbitos. Hace ya ocho años que el país vio la conformación de la última estructura institucional que nos enfilaba hacia el siglo XXI. Con la consolidación del IFE y del TRIFE como entidades autónomas, México daba un paso decisivo hacia la modernización política con la posibilidad de evolucionar hacia formas más representativas y legítimas de gobierno. Era un momento en el que los políticos parecían dispuestos a pensar en algo distinto. Ciertamente, cada uno de los partidos defendió su terreno y aceptó un esquema que maximizara sus intereses. Pero, al menos en ese momento, los políticos tenían una actitud positiva y estaban decididos a salir airosos de las sucesivas crisis electorales que nos antecedían. Basta ver cualquier periódico de los últimos años para constatar que nada de eso es real en la actualidad. Ya no hay grandeza entre nuestros políticos para el diseño y desarrollo de instituciones que, como el IFE, TRIFE y la Suprema Corte, constituyen hitos –y muestras fehacientes- de su disposición a construir y no sólo expoliar.
Por eso los mexicanos tenemos hambre de despertar y ser sorprendidos con la noticia de que los políticos súbitamente han decidido que no es posible seguir por donde vamos, que es necesario adoptar alternativas responsables, creativas e imaginativas y no más negativas a todo. ¿No sería maravilloso que personajes como el Senador Bartlett propusieran la transformación y liberalización del sector energético luego de reconocer que el status actual no hace sino empobrecer al país e impedir que se dispare el crecimiento económico? ¿No sería extraordinariamente atractivo que Roberto Madrazo creara un marco de competencia legítima y equitativa para la nominación del candidato de su partido a la presidencia? ¿No contribuiría sensiblemente a la consolidación de un proceso político estable, además de a su propia causa, el que Andrés Manuel López Obrador explicara qué pasó con todos los dineros que recibieron sus colaboradores cercanos y concediera autonomía a la entidad responsable de la transparencia en el DF? ¿Y que Bernardo Batiz aplicara la ley de manera equitativa?
¿No será ya tiempo para que los líderes del PRI en el congreso dejen de impedir el avance de una reforma electoral seria e integral, que considere temas cruciales como el de la reelección de legisladores, pero en un ámbito de mayor competencia y con la garantía de una rendición de cuentas ante los votantes, es decir, sin recurrir a la representación proporcional, así implique una nueva redistritación, para que el asunto no afecte la proporcionalidad en el órgano legislativo? ¿O que algún perredista organizara una manifestación masiva a favor de la expansión de los servicios que presta el IMSS y contra los privilegios de una minoría aristocrática de sindicalistas de la institución? ¿O que el PRI organizara un referéndum para exigir la mejoría del servicio eléctrico que se presta en el valle de México, de los peores del mundo, y terminara así con el abuso que representa el SME?
Sería maravilloso que los políticos se despertaran luego de esa cruda que ha producido la democracia disfuncional que ellos mismos alientan y agudizan y comenzaran a pensar un poco menos en el pasado y un poco más en el futuro del país. Y que la política nacional comenzara a ser menos viciosa y más orientada a resolver dificultades que a acentuarlas, si no es que a crearlas. Por encima de todos, ¿no sería extraordinario que se creara un entorno propicio para que se pudieran discutir y debatir los temas y problemas que aquejan al país de una manera seria y analítica, más allá de lo visceral o de la ceguera partidista e ideológica? ¿Y que los medios de comunicación abandonaran sus columnas de chismes y trascendidos políticos para dedicarse a la información, el análisis y la opinión, y no a la opinión y agendas particulares disfrazadas de análisis e información?
Todavía más relevante, ¿no sería digno y excepcional que los propios líderes y miembros de los principales sindicatos de empresas y entidades públicas, como el IMSS, la CFE, PEMEX y Luz y Fuerza del Centro, reconocieran que sus condiciones contractuales son insostenibles en un país pobre, que constituyen impedimentos al desarrollo y obstaculizan el progreso del resto de la población? ¿Y que los abogados acordaran reglas de ética profesional y el diseño de un mecanismo de evaluación y sanción para evitar conflictos de interés (los flagrantes y los otros)?
Muchos no estarán de acuerdo con algunas de las críticas expresadas en estas líneas, pero nadie puede objetar el que estamos paralizados por la mezquindad de unos cuantos. Todo mundo parece decidido a ver para sí y a preferir el pasado sobre el futuro. Además de inaceptable, esa receta asegura la pobreza y la postración. El país requiere de un debate inteligente y analítico sobre temas clave para el desarrollo, en todos los órdenes; sin embargo, lo que recibimos son pleitos, terquedad y una increíble arrogancia por parte de quienes tienen la responsabilidad de actuar en distintos frentes y desde distintas perspectivas.
Obviamente, el país enfrenta muchos problemas estructurales no atribuibles a quienes tienen la posibilidad (y, en buena medida, la responsabilidad) de resolverlos. Los líderes sindicales de hoy no son responsables de la existencia de contratos leoninos, producto de otra era política (en una interpretación benigna de la historia), cuando no de la extorsión y la corrupción (en una lectura más cercana a la realidad, al menos en algunos casos), pero sí son corresponsales de la grave situación que viven muchas de las empresas paraestatales, así como de ignorar las necesidades del país en este momento de su historia. Presionar para que sus agremiados cuenten con mayores prerrogativas a través de instrumentos inaceptables de presión (como podrían ser el suministro de petróleo, luz eléctrica o servicios médicos) debería ser intolerable para todos los mexicanos y también censurado.
Lo mismo va para los políticos que, sentados en su caballo, se niegan a atender las necesidades urgentes del país y la población. La economía está atrancada, pero nadie mueve un dedo para resolver los temas que la estrangulan, como el energético; la situación política está paralizada porque los tres partidos grandes impiden el cambio, cada uno por motivos particulares que, sumados, no los diferencian en nada de las prácticas monopólicas de sus congéneres en el ámbito económico. Los candidatos que ya se sienten cinchos rechazan cualquier oportunidad de competir por el siguiente escaño u contienda política. Su lógica no es en nada diferente a la de un mafioso que está ahí por la fuerza bruta de su maquinaria criminal. Si así hubieran actuado quienes signaron el Pacto de la Moncloa en España en los setenta o quienes escribieron y aprobaron la constitución norteamericana de 1787, no hubiesen producido las extraordinarias democracias y naciones que ahí se fundaron. Para cambiar al país se requerirá del tipo de grandeza que exhibieron aquellos personajes y no la pequeñez y mezquindad de quienes lo único que pueden decir es no.
El México del pasado hizo de los conflictos de interés, los privilegios y la corrupción una gran virtud. Mientras todos apoyaran al gobierno, el resto eran costos no sólo bajos y tolerables, sino un factor medular de estabilidad, y una justa retribución al fervor justicialista de la revolución. El México del futuro ya no puede aceptar ninguna de estas premisas; falaces en su momento, fueron, sin embargo, parte del carácter de un sistema que tenía el (dudoso) privilegio de vivir en un mundo aislado. El México del futuro no puede tolerar la corrupción y las corruptelas, no puede abortarse a causa de los privilegios de que gozan unos cuantos sindicatos y de la capacidad de bloqueo mostrada por algunos políticos. El progreso es imposible en un mundo donde todos están demasiado ocupados viendo hacia atrás y tratando de preservar lo que es insostenible. El México de hoy ya no es el del pasado (porque el mundo ha cambiado, nos guste o no) y no es el del futuro –de hecho, no puede ser el del futuro- porque demasiados intereses del pasado siguen corrompiendo el presente y estrangulado la capacidad de progresar.
Rompemos con el pasado o en vez de sueños benignos y de la posibilidad de despertar en un mundo mejor, seguiremos sumidos en una pesadilla cíclica e interminable, producto de un mundo que se rehúsa a cambiar.
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