El 23 de marzo, en el marco de los informes de avances de resultados derivados de las reformas legislativas de 2013, el recientemente nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jesús Murillo Karam, rindió el respectivo reporte acerca de la llamada Política Nacional de Vivienda. El tema tiene una relevancia política significativa para el gobierno del presidente Peña, no sólo por los efectos económicos y de bienestar social a los cuales está abocada, sino dado el simbolismo que reviste el contraste con la manera en la cual se condujo la materia durante el sexenio del presidente Calderón, cuyos efectos no fueron del todo positivos (cfr., CIDAC, “El sector vivienda: la crisis cantada”, Semana Política, 4 de septiembre de 2013). Ahora bien, desde una perspectiva más amplia, la presente Política Nacional de Vivienda –y tal vez el mismo nombramiento de Murillo como titular de la SEDATU—obedece a un criterio estratégico no necesariamente inspirado en concretar un modelo de vivienda digna y sustentable. La figura negociadora de Murillo y las facultades de la SEDATU, una dependencia creada ex profeso por la administración Peña, se convierten en piedra angular del ordenamiento territorial requerido como parte de la implementación de la reforma fundamental del sexenio: la energética. Con esto en mente, ¿podrá la SEDATU promover la eficiencia, transparencia y sustentabilidad en el imperante y caótico ordenamiento territorial de México? ¿Cuáles son los retos que enfrenta?
El primer reto para la SEDATU estriba en que los proyectos asociados a la reforma energética requieren una gran cantidad de servicios adicionales a los relacionados a un proyecto energético, entre ellos, viviendas para los trabajadores en zonas cercanas a las áreas de exploración y explotación. La misma secretaría estimó, a finales de 2014, que la reforma energética produciría una demanda de 50 mil nuevas viviendas. Es cierto que esto significa una derrama económica significativa hacia el sector construcción y con efectos positivos en la actividad productiva de algunas regiones. Sin embargo, tampoco se puede olvidar cómo, en México particularmente, una bonanza en la industria de la construcción se traduce de inmediato en caldo de cultivo para la corrupción y la ineficiente urbanización de espacios. Esto último se ha traducido en la desatención a las condiciones de acceso a insumos energéticos y recursos naturales que satisfagan las necesidades de largo plazo de quienes habitan dichas viviendas.
Además, la SEDATU tiene el papel fundamental de mediar la negociación sobre el cambio de uso de suelo en proyectos de exploración y explotación de recursos del subsuelo (notoriamente los hidrocarburos). En principio, la negociación será entre particulares, esto es, entre los dueños de la tierra –que pueden ser propietarios privados, comunales o ejidatarios– y los inversionistas interesados en desarrollar un proyecto comercial. No obstante, el marco regulatorio contempla el escenario en el que dichas partes no lleguen a un acuerdo. La función entonces de la SEDATU será garantizar el entendimiento entre las partes, y otorgar certidumbre a ambas sobre el contrato de cambio de uso de suelo que puedan celebrar. Es aquí donde reside el verdadero peligro, esto es, donde se podría subyugar la función estratégica de la SEDATU de “[…] promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo”, para dar paso a un papel de factótum del Ejecutivo federal que fomente la expedita puesta en marcha de proyectos de exploración y explotación de recursos del subsuelo, o de obras de infraestructura asociadas a ellos sin atención a posibles conflictos sociales o a elementos que minimicen el riesgo de impacto ambiental. Dicho de otra forma, el riesgo es que la SEDATU no contribuya al desarrollo nacional por medio del establecimiento de ciudades compactas y productivas, sino al interés de un grupo de particulares. Todavía más importante es el riesgo de que tantas facultades discrecionales se traduzcan en infinitas oportunidades de arreglos entre la autoridad y los constructores.
En suma, el cambio en la política de vivienda de Peña, aunado a los paquetes de medidas fiscales y de financiamiento para el desarrollo de la vivienda anunciados por él a principio de año, no es accidental. Asimismo, resultará crucial no perder de vista que el modelo de ordenamiento territorial aparejado a la reforma energética y al crecimiento de la actividad económica del país, no puede ser accidentado. Entonces, en su papel de alfil del complejo ajedrez que representa la implementación de la reforma energética, la SEDATU tiene una enorme responsabilidad. Los retos para el secretario Murillo no son menores.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
