César Duarte tomó protesta, el lunes pasado, como gobernador del estado más grande y violento del país: Chihuahua. Durante la gestión del gobernador saliente la entidad alcanzó un registro de 47.1 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que significa que en el estado mueren asesinadas cada año, al menos, 1,600 personas. Este escenario de violencia e impunidad ha visto pasar varias estrategias del Gobierno Federal, sin que ninguna restablezca condiciones de seguridad aceptables en el estado.
Sin embargo, las condiciones podrían estar dadas para que la tendencia se revierta. El discurso de Duarte –cero impunidad, corrupción, contrabando, tráfico ilegal de armas y la evaluación periódica de sus acciones– hacen inferir que está dispuesto a asumir la corresponsabilidad en el problema de seguridad pública que el presidente Calderón tanto ha reclamado a los estados. De tal forma que los objetivos de su mandato estarían alineados con los del Gobierno Federal.
La relación institucional que Duarte ha construido en los últimos años con el Ejecutivo Federal puede ser, además, un factor que facilite la comunicación entre estos dos órdenes de gobierno. No obstante, la motivación del nuevo gobernador para cooperar parece mucho más racional que política: la falta de coordinación favorece al crimen organizado.
Este nuevo ánimo de cooperación, además de alentador, podría sentar las bases para que las entidades más afectadas por el crimen organizado salgan de un esquema de participación pasiva y logren, en el corto plazo, desarrollar mejores capacidades técnicas y operativas para enfrentar el conflicto.
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