La derogación de las candidaturas comunes en el Estado de México impulsada en el Congreso local significa que los partidos que decidan ir en alianza para las elecciones del estado deberían hacerlo bajo la figura de coalición. Esto implica que, además de contar con un solo espacio en la boleta, un candidato que compita en alianza debería presentar una sola plataforma de gobierno y recibir financiamiento público como si fuera candidato de un solo partido.
Esta iniciativa, aunada a la reducción de los tiempos de campaña, tiene como objetivo desincentivar la consolidación de una alianza PAN-PRD en el estado y reducir sus posibilidades de victoria en caso de darse. Detrás de este objetivo estaría la presunción de que un candidato priísta tendría la balanza a su favor por contar con el apoyo de la maquinaria electoral del Gobierno del estado, por la popularidad que pudiera transferirle la imagen del gobernador Peña Nieto, por la disidencia al interior de los partidos que eventualmente se alíen, y también, por la ausencia en la oposición local de un personaje carismático y reconocido por su labor política en el estado que pueda revertir todos los contras en poco tiempo.
El PRI dio así el primer golpe para desestabilizar cualquier iniciativa aliancista en el Estado de México -si bien es muy probable que el asunto se resuelva en última instancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta para el PRI es ¿a qué costo? Ya que PAN, PRD y diversos actores no perderán la oportunidad de hacer pagar al gobernador Peña Nieto –el rostro visible del no a las alianzas- el costo político correspondiente. Una eventual resolución de la Corte en contra de la derogación dejaría al gobernador del Estado de México con una alianza con candidatura común en su estado y con autoritarismo y miedo ligados a su persona.
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