Le tomó más de seis años a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ponerse de acuerdo para licitar y otorgar una nueva concesión del espectro radioeléctrico. Han sido seis años de duros cuestionamientos al organismo, en particular por la relación que desde la reforma a la Ley de Radio y Televisión en 2006 se percibe entre el regulador y uno de los grandes actores del sector telecomunicaciones: Televisa.
Esta semana no ha sido la excepción. Si no prosperan algunos obstáculos legales impuestos por Iusatel/Iusacell, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregará dentro de pocos días la concesión al grupo conformado por Televisa y Nextel, permitiéndoles ofrecer telefonía móvil en todo el país. El fallo, que solamente contó con dos votos a favor de los cinco posibles –otros dos Comisionados votaron en contra y uno se abstuvo– ha sido altamente cuestionado. Se percibe como una decisión cortoplacista y electorera que resta legitimidad al órgano regulador, pese a los esfuerzos de su Comisionado Presidente, Mony de Swaan, por evitarlo.
Para de Swaan, el aval de la Comisión Federal de Competencia –defiende que se privilegie la competencia por encima de la recaudación pública– y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –pidió se evitaran fenómenos de concentración en la asignación del espectro radioeléctrico– constituyen verdaderas fuentes de legitimación. Sin embargo, la falta de mayoría en los votos y la historia misma de la relación entre la Cofetel y las empresas reguladas hacen que su esfuerzo se torne elusivo.
La solución a los problemas del sector telecomunicaciones está en cambios legales que corresponden tanto al Congreso como al Ejecutivo y que hoy se vislumbran imposibles de implementar: permitir inversión extranjera, permitir que se puedan ofrecer todos los servicios desde todas las redes independientemente de la concesión, y eliminar la doble ventanilla SCT-Cofetel. El más reciente fallo de la Cofetel ilustra que se continúan privilegiando soluciones subóptimas de corto plazo por encima de la credibilidad de las instituciones y de una estrategia de crecimiento a futuro.
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