El presidente Calderón lo refrendó en los diálogos a los que convocó para evaluar la estrategia de seguridad: el objetivo es desarticular los cárteles mexicanos, a cualquier costo. Esto es, el objetivo no es acabar con el tráfico de drogas ni acabar con el crimen en México. Ante la amenaza de los grupos del crimen organizado –que se han vuelto demasiado poderosos– la única respuesta es atomizarlos.
En esta lógica, el incremento en el número de homicidios relacionados con el crimen organizado –que ya rebasó la barrera de los 28 mil de acuerdo con las cifras oficiales– es una consecuencia natural e incluso deseable de la estrategia de seguridad. Convencido como está de que menos del 5% de los homicidios son de civiles inocentes y fuerzas del Estado, el Ejecutivo Federal asume que los cárteles se están haciendo cada vez más débiles, cada vez más desconfiados unos de otros y cada vez más feroces. Si esto es una guerra, pareciera argumentar el Presidente, es la mejor clase de guerra: aquella en la que el enemigo se mata a sí mismo.
El problema con esta lógica es que ignora los efectos indirectos de la violencia. Los criminales, habiendo descubierto que el homicidio en México tiene patente de corso, cambian el bajo perfil para pelear una guerra pública, en la que los medios de comunicación quedan en ocasiones atrapados y que alimenta el temor de la sociedad civil, que se da cuenta de que, por estrategia –o en el caso de los gobiernos estatales por simple incapacidad– el Estado tiende a mantenerse al margen de la violencia. Y es la impunidad del homicidio el caldo de cultivo para la impunidad del resto de los delitos violentos que afligen al país.
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