La idea de incorporar a las policías municipales a los cuerpos estatales de seguridad pública –creando 32 policías para substituir a las alrededor de 2600 que operan actualmente– es una idea relativamente sencilla que surge de un diagnóstico bastante claro: la mayor parte de las policías municipales del país son débiles, escasamente capacitadas y reciben salarios muy bajos, lo que las hace particularmente vulnerables a la corrupción y la extorsión. Sobre el diagnóstico hay poco que debatir, a las estadísticas que ha provisto el secretario García Luna y a la propia evaluación de los gobernadores, se suma la amplia evidencia anecdótica de cómo las policías municipales en estados como Michoacán, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua y Baja California colaboran activamente con el crimen organizado.
Las ventajas de este esquema, teóricamente, son claras. De entrada, se pueden obtener economías de escala en entrenamiento, armamento y unidades de apoyo. Se esperaría también que, con la entrada en operaciones de los nuevos centros de control de confianza en los estados, las 32 corporaciones deberían ser depuradas y evaluadas de manera más eficiente. Finalmente, se podría realizar una mejor tarea de vigilancia “de barrio” asignando los recursos disponibles de manera más eficiente.
Sin embargo, aunque el diagnóstico y la solución propuesta son sencillas y el esquema tiene sus ventajas, la implementación podría ser particularmente tortuosa y deja preguntas por responder. De entrada, habría que preguntarse cuál será el efecto sobre los municipios más grandes del país, que tienen corporaciones policíacas mejor pagadas y desarrolladas, una vez que tuvieran que transferir sus responsabilidades al Gobierno estatal. Aunque un cierto porcentaje de alcaldes quizá prefieran transferir esta responsabilidad a sus gobernadores, habrá quienes prefieran mantener el control de sus policías, sea por razones políticas o de corrupción. También es de esperarse que muchos cuerpos policíacos peleen para evitar la incorporación, sea por razones laborales, operativas o porque tienen redes de extorsión muy bien definidas. Y esto sin mencionar los mecanismos de coordinación, rendición de cuentas y asignación de recursos que habrán de definirse.
Desde luego, ninguno de los elementos mencionados son obstáculos insuperables, ciertamente, ni tampoco cancelan las ventajas de la propuesta, pero sí habrán de tomarse en cuenta para evitar que esta reforma se cancele al paso del tiempo en la práctica, como tantas otras.
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