Las procuradurías de justicia de este país no están preparadas para vivir en la era de las noticias 24 horas al día, 7 días de la semana. Si bien es cierto que hay deficiencias de comunicación social, el problema es de fondo. Diseñadas para procesar con cierta velocidad los delitos en flagrancia, las procuradurías carecen de capacidades para lidiar con casos relativamente más complejos, de alto perfil y menos si se enfrentan a la presión mediática.
Desde los tropiezos del ex procurador Bazbaz en el Estado de México con el caso Paulette, a los de la Procuraduría General de la República (PGR) en el de Diego Fernández de Cevallos, las procuradurías se han revelado incapaces (anquilosadas, torpes y lentas) frente a unos medios ávidos de información y desesperados por reportar avances. Las procuradurías se han encargado de darles justo lo contrario: hipótesis mal cocinadas y filtraciones de información sesgadas e interesadas. Callejones en los que después no encuentran salida.
Una procuración de justicia transparente y apegada a derecho no implica que ésta deba dirimirse en la corte de la opinión pública. El sistema de justicia penal mexicano no puede entregar resultados rápidos y al gusto de la opinión pública, no sólo por las severas deficiencias en sus capacidades de investigación, sino porque esto pervierte los principios del sistema. Que las procuradurías respondan como lo han hecho las obliga, eventualmente, a retractarse o bien a convertirse en una máquina de linchamiento. En cualquier caso, el costo que paga la procuración de justicia, y la confianza en ella, es muy alto.
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