La más reciente sentencia de la Suprema Corte en materia de radio y televisión demuestra que en temas de regulación, el forcejeo entre el Ejecutivo, el Legislativo y los operadores de servicios, tienden a resolverse en tribunales más que a través de la implementación de políticas de gobierno consensuadas.
A pesar de que el Congreso había otorgado a la Cofetel facultades para conceder, refrendar y rescindir frecuencias en la Ley de Radio y Televisión en 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aprovechando interpretaciones de la Ley, emitió un reglamento a principios de 2009 donde se atribuía estas facultades. La decisión de la Corte respecto a la controversia constitucional, impuesta por la Cámara de Diputados ante la emisión de dicho reglamento, devuelve las facultades a la Cofetel.
La Corte resuelve así un problema entre autoridades, acaba con una doble ventanilla y promueve la certidumbre jurídica. En esta ocasión pierde el Ejecutivo en su interacción con los operadores. Mientras, el Legislativo, además de hacer valer su Ley, refuerza sus anhelos de influir en la definición de quién otorga concesiones en otros ámbitos de las telecomunicaciones.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
