El PRI ha hecho alarde del esfuerzo que está realizando para proponer un “plan B”, que se presume una propuesta alternativa y mejorada al paquete económico propuesto por el Ejecutivo. Lo que no han dejado ver, es que tengan un “plan A” para la toma de decisiones al interior del partido, un proceso que se ha revelado fragmentado y que amenaza con diluir las ventajas de la mayoría legislativa que ganaron en las elecciones pasadas.
El problema no es, en sentido estricto, que los gobernadores presionen para que se aprueben impuestos federales –cuyo costo político se endilga al Ejecutivo y quizá al Congreso– para tener recursos que gastar a nivel local. El problema tampoco es que el PRI no quiera cargar con el costo del impuesto del 2%. De hecho, esta reticencia era tan previsible que obliga a pensar si la propuesta no habrá sido un mero señuelo del Ejecutivo Federal para distraer la discusión de los otros impuestos que se incrementan. El problema es más bien que la maquinaria del PRI, a la que se suponía aceitada y dirigida a toda velocidad a las elecciones de 2012, se revela incapaz de proponer una alternativa de política económica sin tirar la casa a tirones y, peor aún, se revela incapaz también de aceptar públicamente la propuesta que en el fondo más le atrae –el vituperado paquete económico del Ejecutivo.
Cuando apruebe el plan del Gobierno Federal, el PRI añadirá un par de elementos para decir que se aprobó un “plan B”. Eso es normal y no debería escandalizar. Pero si el PRI desea llegar en una pieza al 2012, más vale que para entonces ya tenga su “plan A”.
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