A pesar de haber implementado estrategias para combatir el mercado ilícito de combustible desde 2004, el robo de éste en 2008 representó para Pemex más de 13 mil millones de pesos. Este problema implica atención en diversos frentes. Primero, cuando el costo de las estrategias de seguridad para evitar este delito equivale al 11% del monto robado, el no haberlas implementado parece una grave irresponsabilidad. Segundo, el robo de combustibles no se persigue de oficio, es decir, para que la Siedo pueda iniciar labores de investigación, Pemex –a través de su corporativo o de funcionarios– debe presentar una denuncia por cada robo. Además, este delito no es considerado como grave, por lo que es posible salir bajo fianza. Tercero, si bien es cierto que las trabas burocráticas atrasan los procesos y disminuyen los incentivos para perseguir y castigar a los implicados, la corrupción al interior de Pemex es latente. El reconocimiento de la gravedad del problema por parte de la paraestatal se da en un contexto en que viene registrando pérdidas netas y que cada vez se ve más atada de manos por una caída en la producción. Los robos equivalen a casi el 1% de sus ventas de 2008 y a más de 6% del monto que destinó a inversión. La crisis económica implicará un serio recorte presupuestal para el año que viene. De esta forma, el gobierno tendrá cada vez mas incentivos para perseguir, castigar y sobre todo, detener el robo de combustibles.
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