El conflicto en Michoacán continúa escalando. El grupo delictivo “La Familia” reta públicamente a las autoridades: pide respeto a sus integrantes al tiempo que ataca instalaciones de la PFP en 14 ciudades del estado (sin mencionar Guanajuato y Guerrero), incluyendo una emboscada que dejó 12 agentes torturados y ultimados. La respuesta del Gobierno Federal consistió en desplegar 5 mil 500 efectivos adicionales del Ejército para cumplir funciones de patrullaje e intensificar las operaciones aéreas y de inteligencia en el estado. Se trata de un acto simbólico, ya que la efectividad del Ejército es mayor cuando entra con un operativo específico; además, los efectivos no están preparados para suplir a la policía en sus funciones de patrullaje e investigación. El despliegue se da en medio de múltiples reclamos por violaciones a las garantías individuales cometidas por el ejército. Se corre el riesgo de un mayor desgaste de las fuerzas armadas y de la estrategia gubernamental en el combate al crimen organizado. Quedan sin resolver varios problemas de fondo que perjudican la gobernabilidad en el estado: la infiltración en la estructura económico-financiera, en el entramado social, en la política y en las fuerzas policíacas.
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