Del acuerdo en abstracto a las políticas en concreto. Con pocas novedades, los 75 compromisos generan más escepticismo que esperanzas. Tras tres lustros de incremento en los índices delictivos, desanima escuchar a estas alturas compromisos como el de crear políticas de Estado e integrales, y escuchar, por enésima vez, el compromiso siempre incumplido de depurar a las policías. A fuerza de evidencia, se admite el desafío de la impunidad; a pesar de meses de anunciar que se va ganando la batalla, se reconoce el fracaso y los rezagos; se da apertura a un observatorio ciudadano; se regulará y controlará, se dice, la telefonía celular y se prevendrá el delito. El contexto de inconformidad ciudadana parece que dejará poco margen a la retórica y al olvido. Los políticos libraron por estrecho margen la prueba; ganaron muy poco tiempo. Algunos de los compromisos deben dar fruto, conforme al Acuerdo, en 40 días, y se ha planteado que en 100 días se realizará un seguimiento. A estos pronunciamientos abstractos deben seguir resultados concretos o se tendrá un giro más en la espiral de violencia, impunidad e ilegitimidad del Estado.
El presidente “secuestrado” por el tema de la seguridad. Al iniciar el sexenio el despliegue militar en materia de seguridad buscó mandar el mensaje de cambio de tendencia y fortalecimiento de la presencia del Estado en territorios dominados por el crimen. El presidente no ha podido avanzar en su agenda de gobierno, que inició con una reforma hacendaria y que contemplaba un impulso a la promoción económica y a las reformas estructurales. El clima de violencia y la percepción ciudadana de inseguridad mantienen en jaque a su gobierno. Todo el gabinete deberá cerrar filas en el combate integral a la inseguridad marginando otros temas fundamentales, pero, por el momento, menos urgentes. Ya no queda duda de que, a diferencia del 2006, el tema principal del proceso electoral federal de 2009 será el de la seguridad. El PRI ya toma el eslogan Zedillista de que ellos saben cómo hacerlo y piden un voto nostálgico por la tranquilidad perdida; en tanto que AMLO culpa al modelo económico de la inseguridad. La percepción de inseguridad estará asociada a la intención del voto. El Gobierno Federal apostó por que el costo político de los crímenes, como el secuestro recayeran en las autoridades locales (particularmente, en los casos más sonados, en el gobierno del D. F.); sin embargo, la inconformidad ya se dirige al Estado en su totalidad, y gran parte del costo recaerá en el propio Gobierno Federal. Felipe Calderón se ofertó como el presidente del empleo; hasta ahora, no ha podido dejar de ser el presidente del secuestro.
Ciudadanía entra al debate de la seguridad por la puerta de atrás. Se dejó pasar un momento clave, quizá histórico, para dar un golpe de timón y hacer un frente nacional entre autoridades y sociedad en contra del crimen. No hubo hombres de Estado que dieran el mensaje decidido y convocaran a todos los sectores sociales a la unidad y a la participación. En cambio, solo hubo burócratas que propusieron un insulso catálogo poco novedoso de programas entresacados la víspera, de planes y cruzadas anteriores. Desde el formato, no fue un acto de cambio de rumbo: se dio en el marco intrasistémico de una sesión más de un órgano burocrático al que se anexaron para la ocasión, representantes sociales. Bajo un orden del día estricto se permitió el desahogo de dos voces ciudadanas, y hubo quienes, a pesar de la legitimidad de las víctimas agraviadas, censuraron el ultimátum ciudadano y el tono de las intervenciones. Y sin embargo el “si no pueden, renuncien” de Alejandro Martí ganó las primeras planas de toda la prensa. El gobierno insiste en su discurso de que todo está bajo control y que pronto volverá la calma. Hubiese sido una excelente ocasión para tomar el toro por los cuernos y, además del mea culpa, reconocer la gravedad de la situación: que hay que reconstruir la nave en la mitad del mar embravecido y no se evitará el naufragio sino con la participación decidida de todos; para de inmediato plantear dos o tres medidas decisivas (proponer la fusión de las policías municipales y estatales para dar paso a la policía nacional –medida que Calderón ha manejado desde la campaña política- o alguna otra de similar calado). No se habría arriesgado más de lo que se perderá cuando la ciudadanía no perciba resultados concretos en el corto plazo.
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