1-El proceso ejecutivo de la apertura energética. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las 21 leyes secundarias a la reforma constitucional en materia de energía, terminó un proceso legislativo que inició justo hace un año, el 12 de agosto de 2013, con la primera propuesta presidencial al respecto. Tal como lo señaló el presidente Peña en su discurso de promulgación de la reglamentación energética, ahora es turno del Poder Ejecutivo para poner en marcha la nueva etapa del sector. Cuestiones como la designación de los integrantes de los órganos reguladores, los miembros independientes de los consejos de PEMEX y CFE, los decretos de constitución de instituciones como el Centro Nacional de Control de Energía, el de Control del Gas Natural, el Fondo Mexicano del Petróleo, entre otras, hasta la expedición de una gama de reglas de operación, la develación de los resultados de la “Ronda Cero” –aquellos proyectos que permanecerán en manos de PEMEX—, el inicio de la “Ronda Uno”, y los paulatinos reajustes a la ecuación presupuestaria dados los cambios en el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Así, ya conociendo el marco jurídico de la apertura energética, ¿en qué puntos se deberá poner atención en esta tercera etapa?; ¿qué características tiene el entorno con el cual se encontrarán los nuevos participantes en cuestiones energéticas?; ¿cuáles pudieran ser factores de riesgo a partir de este instante?
2-¿En verdad está lista la economía mexicana para despegar? La retórica oficial ya comienza a desplegar las pancartas de “misión cumplida” con el cierre de la reglamentación legislativa de la reforma energética. Independientemente de que los resultados de las modificaciones legislativas ya concretadas en rubros como las telecomunicaciones, la educación y la energía, no deben ser esperados en el corto plazo, hay aún cosas perfectibles en pos del fomento a un vuelco económico positivo en México. La principal de esas cuestiones podría ser un eventual replanteamiento del régimen fiscal, el cual adquirió, tras la miscelánea aprobada en 2013, un cariz draconiano respecto al sector productivo. Si bien las autoridades hacendarias han anunciado su intención de no volver a incrementar impuestos en lo que resta del sexenio, nada les impediría rectificar el presente (y tan tentador) enfoque recaudatorio, y transformarlo en otro donde prevalezcan los incentivos para la inversión productiva y la formalización de las actividades económicas. Aunque la apertura energética promete incrementar los ingresos del Estado, ayudar en el impulso al crecimiento del producto interno bruto, generar fuentes de empleo, tanto especializado como no calificado, y un eventual abaratamiento a muy largo plazo de los combustibles y la generación eléctrica, no es posible construir un proyecto económico sustentable donde se siga privilegiando su “petrolización”. A poco menos de un mes de que el Poder Ejecutivo presente su propuesta para el Paquete Económico 2015, ¿qué factores fuera del sector energético deberían fortalecerse a fin de darle mayor integralidad a la economía y así cumplir la promesa del “momento mexicano”?
3-Las reformas… ¿pendientes? Ciertamente, la promulgación de la energética pone fin al ciclo de las reformas de interés genuino por parte del gobierno de Enrique Peña. A unas pocas semanas de que ofrezca su II Informe de Gobierno, el presidente de seguro se vanagloriará de los turbulentos avances en la implementación de la reforma educativa, del fin del proceso legislativo de la energética, del supuesto paso hacia adelante que significó la de telecomunicaciones, y hasta de una reforma político-electoral de cortas miras, pero de todos modos aceptada a regañadientes por el partido en el poder. Sin embargo, es muy probable que haya importantes ausentes en el recuento de los “logros” de la presente administración. Dos años atrás, cuando Peña Nieto era todavía presidente electo, se manifestó la intención de sacar adelante tres reformas prioritarias: la de transparencia, la creación de un órgano anticorrupción fortalecido, y una reglamentación más clara en materia de publicidad gubernamental. En su momento, la estrategia parecía enfocarse en un cierto afán del PRI, de cara a su regreso triunfal a Los Pinos, para mostrarse como un partido comprometido con prácticas democráticas y de haber “aprendido la lección” de sus abusos durante el régimen autoritario. No obstante, a tan sólo dos días de tomar posesión de la silla presidencial, Peña abrió su juego por medio del Pacto por México y se fijó la verdadera hoja de ruta de su plan de gobierno. A dos años de haberlas propuesto, la reforma en transparencia no tiene todavía leyes secundarias (aún está el Legislativo en tiempo constitucional de sacarlas, pero no se ve demasiada prisa en el proceso), el órgano anticorrupción sigue en el papel y su anhelo ha dejado a la legalmente extinta Secretaría de la Función Pública en calidad de muerto viviente, y los controles de gasto en comunicación social tienen hoy menos que nunca incentivos para concretarse. ¿Cuál es la relevancia de consolidar un esquema de transparencia y rendición de cuentas? ¿Tienen posibilidad de materializarse las reformas (o ex abruptos) de tiempos de la transición de gobierno?
4-El salario mínimo: la discusión bizantina de la temporada. Cuando hace unos meses algunos funcionarios del gobierno del Distrito Federal comenzaron a poner sobre la mesa su intención de llevar el replanteamiento del salario mínimo a debate, ello parecía un asunto un tanto trasnochado y fuera de lugar (en especial tomando en cuenta los graves problemas que enfrenta la capital del país en distintos aspectos). Pocas semanas después, cuando Acción Nacional anunció su propuesta de pregunta para llevar a una eventual consulta popular en 2015, fuimos muchos los extrañados por lo anticlimático del tema, en particular cuando estaba en pleno cierre la discusión de la reforma energética. Sin embargo, ahora que la agenda de reformas ha quedado árida (por lo menos desde el punto de vista del interés del gobierno federal), no sería raro que el salario mínimo se convierta en el debate de moda por los siguientes meses. Si la solicitud de consulta popular del PAN prospera –lo cual es bastante probable dada la naturaleza obvia de su planteamiento (subir o no el salario)—, y se suma a una eventual propuesta formal al respecto auspiciada por el alcalde de la Ciudad de México, la atención mediática podría irse desviando poco a poco hacia la “gran importancia” de alcanzar un acuerdo para fortalecer el llamado “minisalario” (ahora resulta que algunos de sus otrora detractores lo defienden), en vez de prestar atención en cuestiones de mayor impacto económico como el mejoramiento de las condiciones de fomento a la productividad, la vigilancia de una mayor eficiencia en el gasto público, o la correcta marcha de las reformas. Ahora bien, ¿por qué sí o por qué no vale la pena tratar el salario mínimo? ¿Cuáles serían las potenciales consecuencias de subir drásticamente ese referente económico por decreto?
5-La hora final de la reforma en telecomunicaciones. El próximo 13 de agosto entrará en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), reglamentaria de la constitucional promulgada en junio de 2013. En un artículo publicado este lunes en El Universal, la especialista y activista en temas de telecom, Irene Levy, advierte sobre los que ella y algunos legisladores de oposición consideran contradicciones –y retrocesos—entre el marco de las reformas a la Constitución y sus respectivas leyes secundarias pasadas en julio de 2014–en particular en lo concerniente a las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) versus actores del Poder Ejecutivo como la Secretaría de Hacienda. Levy plantea dos escenarios para poder corregir dichos elementos: la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. La primera plantea la contradicción entre una norma general y la Constitución, y deberá promoverse dentro de los primeros 30 días naturales tras su publicación, por actores como el Congreso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el IFAI. La segunda denuncia invasión de facultades entre órganos y/o poderes de gobierno. Para su presentación, los interesados –en el caso de telecomunicaciones pudiera ser el mismo IFT— cuentan con un plazo de 30 días hábiles a partir de su publicación. Esto último indica que si el IFT tuviera alguna opinión acerca de una posible inconstitucionalidad de la LFTR, sólo tendrá unos días más a fin de tramitarla ante la Suprema Corte. Por otro lado, hay voces que argumentan que la reglamentación no fue un retroceso, sino una serie de enmiendas virtuosas a una reforma donde se empoderaba en demasía al órgano regulador. Bajo esta lógica, no sería conveniente buscar controversias legales aunque, en caso de que algún actor dentro del sector viera conveniente hacerlo, podría promoverla a su favor en el futuro. Con estos escenarios, ¿qué camino es el adecuado?; ¿fueron adecuadas las acotaciones sobre el IFT en las leyes secundarias?; ¿sería práctico buscar subir a rango constitucional las modificaciones de la reglamentación con el propósito de evitar próximos conflictos legales?
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