1-La inseguridad y la inversión: ¿cuál es el punto de quiebre? En el marco de las reuniones de los Consejos de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), llevadas a cabo entre el 10 y el 12 de octubre en Washington, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, reconoció que el agravamiento de los hechos de inseguridad en México podría afectar el clima de inversión en el país. A pesar de ello, el funcionario recalcó que no se discutió el tema del todo en este foro de los principales organismos económicos internacionales. De forma paralela, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, habló en diversas entrevistas de los riesgos y oportunidades para la economía mexicana. El tono en el que Carstens se expresó fue de suma tranquilidad y seguridad en que las obligaciones financieras del país, su nivel de reservas internacionales, la flexibilidad de la línea de crédito foráneo, y los eventuales efectos positivos de las reformas del sexenio, podrían blindar los indicadores económicos contra la volatilidad de los mercados (uno de los asuntos torales discutidos en el foro de Washington), e incluso llevarían a un crecimiento del producto interno bruto de alrededor de 5 por ciento para finales de la administración Peña. En suma, la gobernabilidad no parece afligirle como variable relevante. Mucho se ha hablado que, en efecto, las empresas que invierten, han invertido e invertirán en territorio mexicano han considerado los costos adicionales representados no nada más por el refuerzo de su propia seguridad, sino también aquellos vinculados con la corrupción de funcionarios, operadores y hasta moradores; todo ello en mayor o menor medida dependiendo de la región donde se establezcan y de la coyuntura que enfrenten. Hasta ahora, con todo y lo escandaloso de los acontecimientos recientes en Tlatlaya, Iguala, y ya sumados los disturbios de este lunes 13 de octubre en Chilpancingo, no ha habido amenaza creíble alguna de que las inversiones se detendrán (además, no es que esa zona sea propensa a recibirla). En términos crudos, el empresariado suele reaccionar cuando sus intereses se ven directamente afectados (secuestros, extorsiones, homicidios), no cuando hay una crisis social. En no pocas oportunidades, la solución consiste en salir del país y, en cualquier caso, seguir operando sus negocios desde el exilio. Con esto en mente, ¿cuáles son los peligros reales (y novedosos, si es que los hay) para la atracción de inversiones y el desarrollo económico en general, derivados de la irresuelta (y probablemente irresoluble) inseguridad?
2-Los derechos humanos bajo fuego. Si bien es un tema al cual las autoridades mexicanas no le han entendido del todo a lo largo de los años, las quejas contra violaciones a los derechos humanos siempre les han ocasionado dolores de cabeza y en pocas oportunidades han salido avante del escándalo. En un principio se pensaba que sería suficiente establecer un órgano de vigilancia dentro del mismo gobierno. Esto dio origen a la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (1989), y después a la primera Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990) como un órgano descentralizado de dicha dependencia. Posteriormente, al igual como sucedió con los asuntos electorales con el Instituto Federal Electoral (IFE), en cuyo origen también estuvo atado a SEGOB, la CNDH adquiriría carácter autónomo en 1999. Desde entonces incluso se llegó a consagrar a los derechos humanos a nivel constitucional por medio de la reforma de junio de 2011, adscribiéndolos además a los compromisos internacionales firmados por México en la materia. En la actualidad, el artículo 1 de la carta magna prescribe que “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”. No obstante, el caso de los presuntos delincuentes ejecutados en Tlatlaya, sumado a las acciones de la policía de Iguala contra los manifestantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y ahora la irresponsable conducta de policías ministeriales en Chilpancingo abriendo fuego contra una camioneta con estudiantes que regresaban de pasar un fin de semana en Acapulco, vuelvan a colocar bajo la lupa cómo actúa y, al final, reaccionan las autoridades ante estas situaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos. De estos incidentes, el de Tlatlaya es el de mayor polémica dado el involucramiento de una institución con una complicada historia en el rubro: el Ejército mexicano. En este caso también salió lesionado el prestigio de la CNDH tras sus omisiones, ambigüedades y titubeos frente a las ejecuciones. El entorno se enrarece todavía más por el próximo relevo o, en su defecto, reelección del actual titular del organismo. Resulta de igual manera paradójico que, apenas hace unas semanas, en el marco del mensaje por su II Informe de Gobierno, el presidente Peña presumía que las quejas contra las fuerzas armadas presentadas en la CNDH habían disminuido en 87.5 por ciento en los primeros siete meses de 2014, comparado con el mismo periodo de 2012. La realidad ha vuelto a alcanzar a la feliz retórica de la administración Peña. El panorama se ensombrece al revelarse un aumento de 30 por ciento en las quejas presentadas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) donde, a su vez, un cuarto de las acusaciones del continente proceden de México. ¿Cuáles son los retos del entorno de los derechos humanos en el país? ¿Es letra muerta la reforma constitucional de 2011? ¿Está capacitado el personal operativo y administrativo de las instituciones del Estado en la materia?
3-La sociedad civil: el emparedado entre la autoridad y el desgobierno. El presidente Peña participó este lunes 13 de octubre en la inauguración del XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, el cual tiene esta edición el tema: “Nuevos retos y expresiones de la sociedad civil”. Parafraseando el discurso de apertura del mandatario, el “sector social” –así le llamó, en un posible lapsus de priismo— está representado en el país por más de 8,500 organizaciones (OSCs), cuyos rangos de interés, magnitud, presupuesto e influencia son de muy diversa índole. En un artículo publicado en El Universal en mayo de 2011, Ernesto López Portillo –fundador, por cierto, de una de las asociaciones civiles más prestigiadas en el país, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)—subrayaba el “desgaste del arreglo político convencional” el cual se sustenta en “mecanismos de control centralizado y piramidal”. Ante esta realidad, López Portillo Vargas colocaba en la sociedad civil la potencialidad de convertirse en un “motor de alternativas para construir la gobernabilidad democrática”. Con la crisis de inseguridad que ha marcado al país durante las últimas dos décadas, aunada a la paulatina apertura política dada casi en paralelo, los colectivos, organizaciones, centros, fundaciones y demás modalidades de OSCs, han tenido un auge impresionante, en particular aquellas vinculadas con los asuntos de seguridad, justicia, y defensa de los derechos humanos. A lo largo de ese lapso, las relaciones de las OSCs con los diferentes niveles de gobierno han tenido contrastes. Por ejemplo, si se analiza cómo han tratado/tolerado/manejado dichos organismos los presidentes de la República en turno desde la alternancia de 2000, se pudiera resumir en un tránsito entre una genuina y fugaz voluntad de en verdad incorporarlas en la toma de decisiones (el Grupo Oaxaca y el tema de transparencia es algo que lo ilustra), hasta una operación discrecional donde se selecciona con quién acercarse, a cuál empoderar y quiénes son ignoradas. El presente gobierno se ha caracterizado por un ímpetu que podría definirse como incluyente para la foto, pero no tan claramente receptivo a la hora de actuar. Aunque fueron compromisos adquiridos con anterioridad a este sexenio, Peña no tiene el menor empacho en abrazar (cuando es estrictamente indispensable) iniciativas como la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), cuyo (ambicioso) objetivo es construir una nueva relación entre la autoridad y la sociedad civil. Sin embargo, las OSCs en ocasiones se ven inermes, no tanto de cara a una displicencia o ataque desde el poder formal, sino ante la acción de fuerzas como el crimen organizado e, incluso, intereses económicos muy acendrados. Así las cosas, ¿cómo puede la sociedad civil empoderarse y generar cambios más significativos en la realidad nacional? ¿Cuáles son los límites de cuestiones como la transparencia, la rendición de cuentas y el activismo en la construcción de dichos cambios?
4-Cuando el ébola nos alcance, ¿qué? La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha declarado al brote de ébola de 2014 en África Occidental como el más grande en la historia. Hasta el 8 de octubre, la OMS reportó poco más de 4 mil muertos, la mayoría de ellos, salvo 9, se concentran en tres países: Liberia, Sierra Leona y Guinea. España y Estados Unidos han tenido casos aislados y ha habido una víctima mortal en Texas y, como una especie de daño colateral, el sacrificio de un perro. En América Latina, Chile y Brasil han debido descartar un par de sospechas de llegada del virus. En México, cual es la costumbre, la paranoia y la ignorancia volvieron a ser catalizadores de reacciones en redes sociales acerca de un falso caso en Veracruz. Independientemente de la irresponsabilidad que ya se ha discutido en este mismo espacio sobre difundir información delicada y sin comprobar en redes sociales, lo angustiante es preguntarse si el país estaría preparado para enfrentar una emergencia sanitaria. Viene a la mente la epidemia de influenza humana AH1N1 de abril de 2009 y la reacción que tuvieron tanto el gobierno federal de Felipe Calderón, como la administración capitalina de Marcelo Ebrard. A la distancia y con bastante más conocimiento de aquel virus, las medidas tomadas en su momento parecen exageradas, aunque en temas de salud, ante la inopia, parece mejor sobreactuar. Si bien las características del ébola son distintas a las del AH1N1, sobre todo en cuanto a las formas de contagio que resultan muy agresivas y diversas en la influenza, el potencial riesgo no está tanto en la llegada del virus a territorio nacional, sino en el mal manejo que pueda hacerse del mismo. Margaret Chan, directora de la OMS, señaló que “los rumores y el pánico se están extendiendo más rápido que el propio virus”. ¿Cuál es la importancia de que se informe adecuada y oportunamente a la población sobre los verdaderos riesgos del ébola para México? ¿Se están tomando las medidas precautorias suficientes? ¿Están listas las autoridades de salud para una emergencia de esta índole?
5-La (inexistente) refinería de Tula: ¿la última fantasía energética? Cuando Andrés Manuel López Obrador se mofaba de que el gobierno federal no pegaría “ni un solo ladrillo” de la refinería que, en octubre de 2008, el entonces presidente Calderón anunció se construiría en Tula, pocos pensaban que su voz sería de profeta. Aunque ya en 2013 algunos medios habían reportado que al haber sido descartado el proyecto del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2014-2018, la refinería quedaba prácticamente cancelada. Incluso, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, durante las semanas finales de discusión de las leyes secundarias de la reforma energética, todavía presumía la posibilidad de continuar con la idea dada la renovada derrama económica producto de la apertura a la inversión. No obstante, a unos días de cumplirse seis años del mensaje de Calderón sobre la segunda refinería hidalguense, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, habló de la cancelación definitiva del plan y dijo que se modificaría la idea por una estructura de reconfiguraciones de las instalaciones ya existentes. A fin de cuentas, únicamente se erigió la famosa “malla perimetral”, la cual delimitaba los terrenos donde se supone habría la refinería. Más allá de la conveniencia económica y práctica de edificar o no nuevas refinerías (AMLO ha repetido hasta el cansancio su propuesta de erigir cinco), legisladores del PRD han manifestado su intención de llamar a cuentas a los titulares de PEMEX y SENER a fin de explicar, entre otras cosas, qué se hará con el despilfarro de 4,480 millones de pesos que se habían invertido en el proyecto de la denominada Refinería Bicentenario. Entre los “daños colaterales” de la determinación se encuentran cuestiones como la deuda que contrató el gobierno de Hidalgo para la adquisición de los predios aledaños a Tula (con un monto estimado en 1,500 millones de pesos), más el destino de los campesinos que vendieron sus tierras, sin contar con las expectativas de desarrollo que se generaron en su momento, las cuales, también habrá que decirlo, se diluyeron con rapidez ante la inacción del gobierno en la hoy cancelada construcción. ¿Es la Refinería Bicentenario una anécdota más de la picaresca política mexicana o es la repetición de un modus operandi de demagogia, proyectos faraónicos y decisiones irresponsables? ¿Cambiará este estilo de tomar decisiones ahora que PEMEX es una “empresa productiva del Estado”?
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