El adiós a la Refinería Bicentenario: soluciones prácticas, responsabilidades pendientes.

Competencia y Regulación

El 3 de octubre pasado, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció la cancelación de manera definitiva de la Refinería Bicentenario, justo a cinco días de cumplirse seis años de la proclama de su edificación por parte del entonces presidente Felipe Calderón. Dicho proyecto representa costos hundidos que ascienden aproximadamente a 2 mil 500 millones de pesos (el equivalente, por ejemplo, al presupuesto anual del DIF nacional), los cuales, según Pemex, se ejercieron en estudios de ingeniería, compras y adecuaciones de terrenos, y levantamiento de la barda perimetral. Aun cuando en 2013 ya se había descartado el proyecto del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2014-2018, vale la pena revisar la lógica de esta decisión. ¿Es sensata o estratégica la suspensión del proyecto? ¿Cuáles son las implicaciones en términos financieros y administrativos?
Cada año, México importa alrededor de 50 por ciento de la gasolina que se consume en el país, aunque es importante reconocer que, en realidad, se exporta petróleo a refinerías estadounidenses que luego exportan gasolina a México; es decir, PEMEX está utilizando refinerías en Estados Unidos para sus necesidades. En 2008, el principal argumento de la administración Calderón se centró en afirmar que la nueva refinería ayudaría a reducir el porcentaje de gasolina importada dada la supuesta capacidad de procesamiento que tendría (unos 300 mil barriles diarios de crudo tipo Maya). El proyecto entonces representaba  una inversión de entre 9 mil y 10 mil 800 millones de dólares –antes de determinar su localización geográfica, disputada entre entidades como Guanajuato e Hidalgo, el “ganador” al final—, e incluía plantas de proceso, terreno y almacenamiento de crudo, entre otras cosas.  De acuerdo con el primer estudio de viabilidad que entregó PEMEX al Poder Legislativo, la ejecución del plan hubiera permitido generar entre 41 mil 400 y 48 mil 300 empleos, tanto directos como indirectos. Entonces, ¿qué fracasó en la toma de decisiones de las anteriores autoridades?
La decisión actual de suspender la construcción de la refinería es un tema de márgenes y lógica empresarial (y de renuncia a la demagogia). Es mucho más barato exportar petróleo e importar gasolina que invertir en una refinería, negocio de márgenes muy pequeños y en el cual México no es competitivo. El país cuenta con seis refinerías que producen 1.7 millones barriles diarios, representando apenas 1.7 por ciento de la producción mundial. Para dimensionar la ineficiencia de esta actividad en PEMEX, basta revisar las pérdidas que la empresa registró en 2013, las cuales representaron cerca del 73 por ciento de la pérdida neta total. Adicionalmente, las condiciones del mercado mundial de refinados son ahora muy distintas a las de 2008, dadas las disminuciones en márgenes que registran las refinerías de Estados Unidos, China, India y Arabia Saudita que permiten ofrecer productos al mercado internacional a precios competitivos. Incluso, en Estados Unidos, con los márgenes tan bajos, el efecto inmediato ha sido la venta de refinerías a precios mucho menores que los que se hubieran visto hace tres años. Quizá una decisión mejor para PEMEX sea invertir en refinerías fuera del país, como lo ha hecho en Deer Park, Texas, en alianza con la empresa Shell. De hecho, esta determinación podría incrementar su competitividad debido a las bondades del marco regulatorio laboral vigente en Estados Unidos.
Es obvio que México está a años luz de adquirir las ventajas competitivas que han alcanzado las principales potencias productoras de petróleo refinado. La decisión de detener la construcción de la Refinería Bicentenario envía señales positivas sobre la capacidad de gestión de la nueva empresa productiva del Estado, PEMEX. No obstante, no se debe obviar que, en su momento, y con información disponible (ya se sabía que invertir en refinación implicaría pérdidas), pudieron existir faltas de algunos funcionarios públicos al comprometer un inútil ejercicio de recursos, privilegiando criterios lejanos a las mejores prácticas para generar valor y optimizar rentabilidad. El hecho reclama la investigación pertinente y, en su caso, la aplicación de procedimientos disciplinarios o imposición de sanciones a aquellos  que eventualmente resulten responsables de una errada toma de decisiones en detrimento de un activo que se supone es de todos los mexicanos.

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